La Procuración Penitenciaria, en asociación con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, presentó en el día de la fecha un informe escrito al Consejo de Derechos Humanos de  Naciones Unidas reclamando sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los privados de libertad.

El documento revela las dificultades de los detenidos para acceder a una educación de calidad, la vulneración de los derechos laborales enraizada en la insuficiente oferta, la pobre calificación de las tareas y las dilaciones burocráticas para su adjudicación. En materia de salud denuncia la insuficiencia de recursos, infraestructura y equipos de salud disponibles, además de una precaria atención en el ámbito de la salud mental y ginecología. También se destacan las limitaciones en el acceso a la seguridad social, entre otros temas.