12 de Septiembre, 2014.
El pasado lunes 8 de septiembre falleció una persona detenida en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
Su cuerpo fue encontrado ahorcado en la Unidad Residencial 3 del establecimiento, en un pabellón que durante largos meses fue irregularmente destinado tanto al aislamiento de internos sancionados como al supuesto resguardo de otros que requerían la protección de su integridad.
Horas antes de esta muerte, el mismo día, jueces, fiscales, defensores y la Procuración Penitenciaria de la Nación habían recorrido ese mismo lugar, en el marco de las acciones del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias. Una de las observaciones puntuales que estas autoridades hicieron al Director del Complejo y a las autoridades de la Unidad Residencial III, había sido, precisamente, el señalamiento de la desatención estructural y trato denigrante propiciado a las personas alojadas allí. La PPN, por su lado, ya venía observando además la persistencia de la práctica extendida de asimilar a personas en riesgo bajo regímenes de facto similares a los de una sanción y en contextos sanitarios denigrantes.
Concluida la inspección del Sistema del día lunes, varias personas alojadas en los pabellones I y J, que no estaban sancionadas fueron reintegradas a pabellones de alojamiento común, entre otros, al Pabellón B. Según las autoridades, esto obedeció, precisamente, a las observaciones señaladas por el monitoreo.
En ese pabellón B, con todo, luego del recuento vespertino, seis internos habrían tenido un altercado frente al cual el personal de requisa actuó de un modo que varios de los entrevistados por la PPN juzgaron violento y desproporcionado. Quienes habrían participado del conflicto fueron trasladados a los pabellones I y J, donde fueron aislados. El resto de las personas del pabellón B, que no había participado del conflicto, también fueron sancionadas informalmente, a través del aislamiento bajo la figura también irregular de la llamada sectorización que implica, sin más, el encierro en celdas individuales, sin acceso a ninguna actividad común. En el Pabellón I, en circunstancias que ahora investiga la justicia federal, se produjo la muerte.
El día martes luego del hecho, y en los días siguientes, la PPN volvió a inspeccionar los lugares y entrevistó confidencialmente a varias de las personas detenidas en el pabellón B, junto a la población de los pabellones I y J. Los testigos manifestaron que los detenidos que habrían participado del conflicto fueron conducidos en ropa interior mientras reclamaban airadamente, por la acción de la autoridad penitenciaria, que consideraban arbitraria. Según el relato de algunos entrevistados, además, algunos de ellos ingresaron a los pabellones I y J notoriamente golpeados.
Según estos testimonios, la muerte se produjo en el marco de un airado reclamo de los internos por su situación de aislamiento. Varias personas criticaron la despreocupación con que el encargado del sector de aislamiento habría encarado la situación, incluyendo un accionar licencioso y hasta burlas a las personas detenidas. Las autoridades de la Unidad Residencial informaron que el cuerpo fue encontrado sin vida después de las 22 horas, durante la entrega normal de pertenencias a los alojados por un agente encargado de Sección Pañol.
Luego de la muerte, los agentes penitenciarios fueron fuertemente interpelados por los propios alojados debido a su irregular accionar ante la necesidad de auxilio. La respuesta de la administración habría sido retirar del pabellón a algunos detenidos autolesionados en señal de protesta y, con la excusa de asistirlos, alojarlos transitoriamente en las "leoneras" del módulo, donde habrían sido golpeados, en presencia de las máximas autoridades de la Unidad Residencial. Varios de los entrevistados denunciaron haber sido víctimas de hechos de tortura.
La Procuración Penitenciaria de la Nación se ha constituido como querellante en la causa judicial iniciada a partir de los hechos descritos, ante el Juzgado Federal Nº 2 Secretaría C de Lomas de Zamora. Para la Procuración es urgente una investigación eficaz de lo ocurrido que esclarezca no solo el deceso, sino especialmente el sistema circundante de humillación y severidades que le sirvió de contexto, así como las represalias posteriores a los testigos y víctimas que hacen parte del mismo circuito.
Además, la PPN ha solicitado a las autoridades ministeriales medidas concretas y efectivas en el plano administrativo que diluciden de modo contundente el papel y responsabilidades de los jefes y mandos medios con control directo de la UR III. Para la Procuración, la tolerancia administrativa de conductas vejatorias y es una pésima señal y, a la postre, una estrategia inmoral e ineficaz para la prevención de la tortura.