31 de Octubre, 2014.
En un auditorio colmado, se presentó el pasado 30 de octubre, en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, el Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos (RNCT) 2013.
La presentación estuvo a cargo del premio Nóbel de la Paz y presidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Adolfo Pérez Ezquivel; la directora del GESPyDH, Alcira Daroqui; la presidenta de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, Andrea Casamento; Roberto Cipriano García, miembro de la CPM y el Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo.
Cipriano se remitió a los orígenes del Registro y destacó el aporte institucional que significó poder desarrollar la multidimensionalidad de la tortura, “conceptualizar esas atrocidades que pasaban en los lugares de encierro delante de nuestros ojos y que dolían y nos afectaban”.
Se destacó el valor que ha tenido el trabajo inter-institucional entre una ONG, un organismo del Estado y la Universidad para generar un insumo para el Estado, que es quien tiene que fijar metas y estrategias de intervención.
“Lo que hicimos inteligentemente fue aunar experiencias y esfuerzos dispersos que podíamos articular y sumar”, expresaba Mugnolo, pero sobre todo destacaba la continuidad de la iniciativa: “con este tercer informe, nosotros empezamos a dar una visión del mundo carcelario más totalizadora y ese es el mejor aporte que podemos hacer para que el Estado elabore sus políticas”.
Pérez Esquivel, por su parte, señalaba la responsabilidad del Estado en asumir las leyes y tratados internacionales para que “las personas que están en situación de encierro sean tratadas con humanidad, con dignidad, como personas humanas; y las cárceles y comisarías no sean depósitos humanos”.
Andrea Casamento, presidenta de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, empezó su disertación reconociendo que no había podido leer todo el informe “es mucho dolor para nosotros. Para los familiares, cada caso tiene una cara. Acá están las compañeras y la verdad es que cada caso de maltrato físico, de amenazas, es el hijo de Graciela o Estela o Carmen…” Posteriormente compartió algunas experiencias concretas que han debido afrontar sus familiares detenidos cuando padecen trasladados en condiciones infrahumanas, o sufren la falta de atención médica o son sometidos a una desvinculación de su entorno social. “todo se aprende: a ser padre, a trabajar…cómo pretenden que sea buen padre una persona que estuvo 16 años presa pero que en la cárcel se los desvinculó?, lo que generan son personas discapacitadas”.
Alcira Daroqui, por su parte, expresó que las cárceles y el sistema penal son un eslabón básico para el sistema de clase imperante, por lo tanto, se manifestó escéptica de que el Estado haga algo para revertir esta situación, ya que administra “un sistema que necesita seguir reproduciendo la desigualdad”. No obstante, destacó el compromiso político de los organismos presentes para “la defensa y preservación de los derechos de las personas privadas de libertad” y para “hacer visible lo que otros quieren ocultar”.
Respecto a las características del estudio, que toma una serie de variables para abordar la multidimensionalidad de la tortura, Daroqui señalaba que “se trata de una decisión política y estratégica” en un contexto donde se complejizan las técnicas para ejercer violencia. Por un lado, estarían las técnicas penitenciarias que ha empezado a tercerizar la violencia, generando la muerte o el suicidio; y por otro, un sistema de complicidad que no imputa ni siquiera por lesiones demostradas.
Finalmente, se destacaron algunas características del informe y sus resultados: En esta edición 2013, además de la sistematización del relevamiento de los casos de tortura en lugares de encierro, se presentan también casos de violencia policial, tanto de la policía bonaerense como la federal y metropolitana. Se registraron un total de 1.151 víctimas de torturas y malos tratos, recayendo mayoritariamente sobre las personas jóvenes. El relevamiento con instrumentos propios del registro aportó los relatos de 227 víctimas en el ámbito bonaerense y de 174 en el ámbito federal y nacional, a las cuales se incorporaron 43 casos a partir de información de las planillas de intervención del Comité contra la Tortura de la CPM, y además se incorporó la información de 707 víctimas aportadas por el Procedimiento de Investigación y Documentación Eficaces de Casos de Tortura y Malos Tratos (PIyDECTyMT).