4 de Diciembre, 2014.

La muerte de Diego Borjas, el adolescente fallecido el martes luego de prenderse fuego en una celda de aislamiento en el instituto Luis Agote, es un hecho de una gravedad extremaque deberá ser investigado en forma rápida y de manera exhaustiva para sancionar a los funcionarios responsables. 

Sin embargo, “lo que nos interesa enfatizar es que estos hechos deben prevenirse en vez de lamentarse, y no existe medida más efectiva para prevenir torturas y malos tratos que garantizar que organismos independientes —como la PPN— controlen periódicamente y sin restricciones las condiciones de detención en esos lugares”, dijo Francisco Mugnolo.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) le ha negado arbitraria y sistemáticamente a la PPN el acceso a los centros de detención de personas menores de edad, como el Agote. El 20 de noviembre de 2014, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, revocó un fallo que le ordenaba a la SENNAF dejar ingresar a la PPN en los institutos de menores para que cumpla con sus deberes de control en esos lugares.  

Uno de los argumentos que utilizaron los jueces Catucci y Riggi para desvirtuar las prerrogativas de la PPN, es que no había ninguna situación de urgencia que reclamara el control de la PPN, pues no existirían violaciones de los derechos de los niños detenidos.  

En conferencia dijo el Procurador, Dr. Francisco Mugnolo: “no pasó una semana desde aquel controvertido fallo y los dichos de estos jueces fueron desmentidos de la manera más trágica, brutal y elocuente  con la muerte de Diego Borjas, un adolescente alojado en un lugar prohibido, en condiciones inhumanas y sometido a una sanción ilegítima, según las propias normas de la SENNAF”. 

Estuvieron presentes junto al Procurador Penitenciario el Director General de Protección de Derechos Humanos, Dr. Ariel Cejas Meliare, y el Subdirector de Legal y Contencioso, Dr. Rodrigo Borda.  

Participaron de la conferencia la Dra. Laura Musa por la Fundación Sur quien afirmó que acompañaban “…no solo en el plano de la acción judicial sino también en una lucha muy seria porque queda en el mundo de la oscuridad la cuestión de los jóvenes privados de la libertad…”. También estuvo presente la Dra. Eva Asprella representado al CELS quien pidió “…que se implemente ya el Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura para que se ponga en práctica y también que se abran las puertas de estos centros para el ingreso de la sociedad civil y los organismos públicos…”. En este sentido se expresó la Dra. Leah Tandeter, quien representó a Amnistía Internacional Argentina, que no solo hay que abrir las puertas sino que también es necesario elaborar información y estadísticas ya que es muy grave que no se sepa cuantos son los niños detenidos en estos lugares.      

Asimismo, la Relatora de los derechos del niño de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Maria Rosa Ortíz, expresó su profunda preocupación por el fallo de casación. Ya en noviembre de 2013 el Comité contra la Desaparición Forzada había manifestado también al Estado argentino su preocupación porque la PPN no tiene acceso a los centros de detención de menores. 

La PPN solicitará mañana la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que le ordene a la SENNAF, con la mayor celeridad posible, que cese con sus maniobras de obstaculización de las tareas de control que la PPN debe realizar en cumplimiento de las obligaciones que surgen del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y las leyes locales que lo reglamentan.  Asimismo la PPNanunció que se presentará como querellante en la causa en la que se investiga la muerte de Diego Borjas y que recurrirá a organismos internacionales para denunciar los obstáculos que se verifican en nuestro país para implementar un mecanismo de prevención de la tortura que proteja también, y fundamentalmente, a aquellos que más lo necesitas: los niños, niñas y adolescentes privados de su libertad.