11 de Diciembre, 2014
Con fecha 18 de noviembre de 2014 el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 3 de Morón, provincia de Buenos Aires, dispuso el procesamiento de 4 agentes del Servicio Penitenciario Federal (F.Z.G, J.L.F.A., S.M.H. y J.D.M.) en orden a los delitos de abandono de persona e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Dicho pronunciamiento fue emitido en la causa n° 4570, en la que la Procuración Penitenciaria de la Nación se desempeña como parte querellante, y donde se investiga el incendio que tuvo lugar el día 24 de enero de 2011en el interior de la celda que ocupaba Luciano Truzzi, ubicada en el Módulo III Pabellón 7 del CPF II de Marcos Paz, a resultas del cual el damnificado sufrió graves quemaduras ocupando alrededor del 60% de la superficie corporal y provocándole una severa lesión respiratoria que demandó la realización de una traqueotomía.
A raíz de las amenazas y represalias que sufrió Luciano Truzzi como consecuencia de la denuncia que dio origen a esta investigación, en el año 2011 la PPN solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH dictó medidas cautelares en favor de la víctima y su familia, ordenando al Estado argentino que se adopten las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de Luciano Truzzi y que se informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos denunciados.
En este mismo sentido, el Relator Especial sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas, había realizado el día 17 de noviembre de 2011 un llamamiento urgente al Estado argentino, manifestando que “se expresa grave preocupación por la integridad física y psicológica del Sr. Luciano Martín José Truzzi, debido a las alegaciones recibidas respecto de actos intimidatorios, de hostigamiento y de atentado contra su vida del que habría sido objeto como represalias y con el supuesto fin de impedir el procesamiento y sanción de los responsables de actos denunciados y alegados de malos tratos” y que “quisiera instar al Gobierno (…) a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertadas del Sr. Truzzi e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”.
En efecto, el procesamiento de los responsables de las graves lesiones sufridas por Truzzi constituye un importante avance en la causa judicial, en consonancia con las directivas de los organismos internacionales que intervinieron en el caso.