09 de Enero, 2015.

La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal informó anteayer que la capacidad general real de alojamiento del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Devoto) es de 1696 plazas, no obstante lo cual el 29 de diciembre de 2014 se alojaban allí a 1729 personas.

Esta información fue presentada en el marco de la acción de hábeas corpus colectivo que, en conjunto, la Procuración Penitenciaria y la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación habían presentado en diciembre último frente a la problemática del hacinamiento y que tramita ante el Juzgado Nacional de Instrucción 22 a cargo del juez Guillermo Ricardo Rongo.

Según informaron las autoridades penitenciarias, la población detenida por encima del número de plazas de alojamiento regular está siendo ubicada temporalmente en espacios destinados a alojamientos transitorios, tales como los pabellones de ingreso 25, 26, 27, 28 y 29, en el primer piso de la Unidad Residencial VI; el Hospital Penitenciario Central; el anexo de la Unidad Residencial VI, o los sectores de alojamiento transitorio de las Unidades Residenciales II, III y V. Sin embargo, tal como fue explicado ante el juez, el alojamiento permanente o semipermanente de personas en esos espacios dificulta y complica la gestión del penal y lesiona los derechos de las personas detenidas, pues son espacios que se necesitan normalmente para facilitar los traslados de personas, o resolver situaciones conflictivas o de emergencia, que no  pueden ser empleados a los fines que les son propios. Lo cierto es que, incluso considerando esos espacios el penal no podría admitir más que 1808 personas, un límite nominal extremo cuya superación es inminente.

Desde 2007 la población privada de libertad en establecimientos federales ha aumentado de modo constante. Durante el 2014, el cuadro se agravó con picos que han superado las 10 mil quinientas personas presas. En octubre de 2014, la Procuración alertaba sobre el récord de 10.322 personas alojadas en el Servicio Penitenciario Federal: una cifra sin precedentes y que no era acompañada de políticas sustantivas de reducción del encierro, ni de ampliación y mejoramiento de las condiciones edilicias. El 14 de noviembre, se llegó a un total de 10.543 personas privadas de libertad, volviendo a superarse el máximo histórico anterior. El 2014 cerró con 10.424 personas detenidas en el SPF, al 31 de diciembre.

La estructura sistémica del problema exige un abordaje profundo y decisiones sólidas y sustentables de política criminal. La PPN ha venido proponiendo distintas acciones para promover una reflexión seria sobre la problemática y la búsqueda de soluciones a corto y mediano plazo que deben ser atendidas. De modo principal, en octubre de 2013, presentó al Congreso de la Nación, un proyecto de ley para regular la capacidad operativa de los lugares de privación de libertad con mecanismos de acreditación previa, participación de los actores involucrados, garantías de acceso a la información, procedimientos de alerta y control y un sistema de prevención de sobrepoblación.