09 de Enero, 2015.
Esta mañana la Procuración Penitenciaria de la Nación en forma conjunta con la Comisión de Cárceles de la Defensoría General solicitó a la justicia federal de Morón que se intime a las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a presentar un plan para remediar la problemática de superpoblación que existe en el Complejo Federal Penitenciario II de Marcos Paz.
También que ordene a las autoridades del establecimiento que se abstengan de recibir nuevos prisioneros hasta que se regularice la situación y que realicen con carácter urgente una serie de reparaciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de las personas que permanecen privadas de su libertad allí.
Según pudo constatar la PPN en una inspección realizada el pasado 5 de enero, actualmente, el penal de Marcos Paz aloja a 1627 personas, es decir, a 123 más de las 1504 que la propia autoridad penitenciaria dice estar preparada para recibir y 155 por encima del cupo de 1472 personas que fue determinado judicialmente en el marco de una acción de habeas corpus impulsada por los organismos citados. Debido a esta situación, decenas de prisioneros permanecen alojados en espacios no destinados a tal fin, como retenes para detenidos en tránsito, salas médicas o celdas de aislamiento, o duermen en el piso en pabellones colectivos que, en los últimos meses, han duplicado su número de ocupantes.
Esta problemática no es privativa de dicho establecimiento, sino que aqueja a todos los complejos penitenciarios del área metropolitana que en los últimos meses han visto excedida su capacidad, sin que ello haya merecido, hasta el momento, una respuesta por parte de las máximas autoridades. A la fecha, existen al menos 3 acciones de habeas corpus promovidas por la PPN y la Comisión de Cárceles en virtud del problema de superpoblación que existe en los penales de Marcos Paz, Ezeiza y Devoto que han sido favorablemente acogidas por la justicia, pero que no ha tenido como correlato medidas tendientes a descomprimir la situación.
El record histórico de población del SPF ha puesto en evidencia que el organismo no cuenta con un procedimiento para determinar la capacidad máxima de los establecimientos penitenciarios y sus divisiones internas de modo transparente y consistente con estándares mínimos, así como tampoco existen mecanismos para la prevención, detección y abordaje de este problemática. Por el contrario, la autoridad penitenciaria insiste en manipular esta información para responder a las necesidades de la gestión, en detrimento de los derechos de las personas privadas de su libertad y de los intereses de sus propios trabajadores.
Por estas razones, la PPN y la Comisión de Cárceles han solicitado la habilitación de la feria judicial para discutir acerca de esta situación, que se intime al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a elaborar un plan para intervenir sobre la problemática y que se adopten una serie de medidas urgentes para mitigar las carencias a las que se ven expuestos los detenidos.