11 de Febrero, 2015.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción nº 22, a cargo del Dr. Guillermo Rongo, hizo lugar a una acción de hábeas corpus presentada por la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación y fijó para el establecimiento un cupo máximo de 1696 plazas de alojamiento regular y 112 transitorio. 

Asimismo especificó la distribución de estos cupos transitorios entre pabellones de ingreso, plazas del Hospital Penitenciario Central y en el anexo de la unidad residencial nº 6, además de 23 plazas pertenecientes al grupo de los “S.A.T.” distribuidas en las diferentes unidades residenciales. Asimismo, ordenó que la permanencia en estos últimos no supere los 7 días.

La presentación judicial se realizó sobre la base del monitoreo regular de la PPN que constató la superpoblación en este penal, al igual que ya se viene denunciando por el organismo en todos los establecimientos metropolitanos del SPF, así como en varios de resto del país. La situación agrava considerablemente las condiciones de detención y el trato digno de los allí alojados y compromete cualquier función legítima que se quiera asignar al encierro. La mayoría de los “S.A.T.”, también denominados en la jerga, retenes, carecían de luz natural, camas dignas, o sectores sanitarios adecuados.

La PPN y la Comisión de Cárceles plantearon la necesidad de establecer de modo fehaciente el cupo real de personas que pueden estar alojadas en el CPF CABA, como requisito elemental para, al menos, poder abordar seriamente un problema absolutamente postergado en la consideración de la gestión penitenciaria. La decisión judicial, en este marco, contribuye a fijar un mínimo de información pública que, sin embargo, debería ser producida de manera regular y confiable por la autoridad ministerial. El trámite mismo del proceso y el fallo dejan en claro también un preocupante grado de imprevisión en la gestión de la población penal y la ausencia de indicadores y planes claros en materia de infraestructura penitenciaria.

Para la Procuración Penitenciaria es imperioso continuar trabajando en la racionalización de los recursos en infraestructura penales y saluda que, en la emergencia, al menos se pueda haber avanzado hacia la fijación de indicadores de desempeño que pueden colaborar a una discusión de fondo en torno a soluciones duraderas. La propuesta legislativa que presentó el organismo, mientras tanto, sigue siquiera sin ser debatida en el Congreso de la Nación a pesar de que la situación general de hacinamiento continúa agravándose.