23 de Febrero, 2015.
La Procuración Penitenciaria de la Nación manifiesta su preocupación por la decisión política de utilizar la cárcel o centro cerrado en el distrito de Cacheuta, Lujan de Cuyo, para el alojamiento de jóvenes de entre 16 y 18 años, que actualmente se encuentran privados de su libertad en las dependencias de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de la Provincia de Mendoza.
En este sentido adherimos al comunicado publicado por La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de Mendoza y hacemos propios los fundamentos jurídicos allí esgrimidos.
Desde este organismo de derechos humanos venimos sosteniendo que el contacto de los jóvenes detenidos con su familia constituye un derecho fundamental y es una obligación impuesta al Estado cuyo incumplimiento acarrea responsabilidad jurídica tanto internacional como internamente.
La construcción de una nueva cárcel para jóvenes, con las características apuntadas por el comunicado aludido representa una decisión regresiva en términos de derechos de niños y jóvenes. Es por ello que manifestamos nuestra adhesión y apoyo la oposición planteada por numerosas organizaciones e instancias de control, a la materialización de la decisión política mencionada; destacando por último que la provincia de Mendoza posee antecedentes de condenas internacionales con relación a la administración del castigo y el incumplimiento de estándares de derechos humanos.