05 de junio, 2015.
A más de 6 años de iniciada la investigación, la PPN consiguió revertir las conclusiones de la primera autopsia que dictaminó que la víctima había fallecido de “muerte súbita” y no como consecuencia de la brutal golpiza que se le propinó.
El 2 de junio de 2015, el Juzgado Federal Nº 2 de Neuquén dispuso ampliar la declaración indagatoria de 7 agentes penitenciarios que se encuentran actualmente procesados por actos de torturas en perjuicio Argentino Pelozo Iturri durante su estadía en la Prisión Regional del Sur (U.9) dependiente del Servicio Penitenciario Federal. La acusación ahora incluirá también el reproche por la muerte del detenido a causa de esos tormentos.
A instancias de la Procuración Penitenciaria de la Nación que interviene en el caso como querellante, el Departamento de Tanatología de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, determinó que las torturas padecidas por Pelozo Iturri le provocaron lesiones de idoneidad suficiente como para producirle un paro cardiorrespiratorio de origen traumático. De este modo, a más de 6 años de iniciada la investigación, la PPN consiguió revertir las conclusiones de la primera autopsia que dictaminó que la víctima había fallecido de “muerte súbita” y no como consecuencia de la brutal golpiza que se le propinó.
La conclusión de esa primera autopsia fue controvertida desde los inicios del proceso por la PPN que reclamó, en reiteradas oportunidades, que se realice un nuevo examen tanatologico. En noviembre de 2012, la PPN presentó un informe del reconocido médico forense José Ángel Patitó en el que se afirmaba que Pelozo Iturri había muerto como consecuencia de los golpes recibidos de parte de los agentes penitenciarios. No obstante, fue recién en agosto de 2014, cuando la Cámara Federal de General Roca confirmó el procesamiento de los 14 penitenciarios involucrados en los hechos, que la investigación retomó su curso y se ordenó la realización de esta nueva medida de prueba que, en esta oportunidad, estuvo a cargo de los doctores Roberto Víctor Cohen del Cuerpo Médico Forense de la CSJN y Julio Alberto Ravioli, por la PPN, ambos reconocidos expertos en medicina forense.
Según consta en su primer informe, ambos pudieron corroborar la hipótesis sostenida por la PPN e incluso determinaron, a través de un estudio histopatólogico, que la víctima padeció una hemorragia meníngea y edema cerebral de origen traumático, todos signos que permiten descartar de plano que su muerte se haya producido por un hecho fortuito —como se había consignado en un primer momento— y abren serios interrogantes acerca de la labor de los médicos forenses que intervinieron en los comienzos del proceso. En abril de este año, por otro lado, ambos profesionales realizaron un segundo informe complementario en el que no sólo ratificaron su opinión sobre el caso, sino que respondieron a una serie de cuestionamientos formulados por las defensas de algunos de los imputados.
En este contexto, el magistrado a cargo de la investigación resolvió ampliar la declaración indagatoria de 6 de los 7 agentes penitenciarios que, actualmente, están procesados por imposición de torturas, para atribuirles también la muerte de la víctima.