16 de Julio, 2015.

La Procuración Penitenciaria de la Nación solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Ministerio del Interior y Transporte y a la ANSeS, articular sus prácticas para que las personas detenidas bajo custodia que recuperen su libertad tengan acceso a una tarjeta SUBE con crédito y con tarifa diferenciada, de modo de facilitar su acceso al transporte durante los primeros tiempos posteriores al encierro.

La experiencia acumulada por el organismo indica que son varias y generalizadas las dificultades que afrontan las personas al salir de un establecimiento penal y que ello compromete la posibilidad de una reinserción social en los términos que la ley pretende. Conseguir vivienda, reconstruir vínculos sociales y familiares, adaptarse a nuevas realidades sociales y acceder a un trabajo o un medio de subsistencia digno, son desafíos para la persona que egresa cuya superación debe ser posibilitada en condiciones de igualdad por las agencias estatales de todos los niveles.

En su gran mayoría, las personas detenidas provienen de sectores de bajos recursos y esta situación se profundiza con el encierro. Las personas egresan, generalmente, sin recursos económicos suficientes para afrontar sus primeros momentos en libertad y sin proyecciones concretas de obtener un trabajo en el corto plazo. Por ello, la presencia inmediata del Estado y sus agencias a través de intervenciones focalizadas sobre la especificad de este trance puede determinar fuertemente las características de esa reinserción.

El hecho tan simple de tomar un colectivo es una barrera para quien, por su encierro, siquiera ha accedido a conocer ni tramitar los medios de pagos vigentes. Por ello, es necesario minimizar los efectos negativos o no queridos de una transición a la libertad mal planificada. La tarjeta SUBE, además, es personal y permite identificar y seleccionar grupos con necesidades puntuales para los cuales se prevén tarifas diferenciadas (según resolución 975/2012 del Ministerio del Interior y Transporte). Para la Procuración, las personas privadas de libertad podrían asimilarse a estos colectivos ya definidos por la ANSeS, accediendo a una tarifa social al transporte público, de modo de contribuir a una mejor contención estatal al momento de la salida.