La Procuración Penitenciaria ha relevado en los últimos dos años casos de externaciones forzosas de niños/as menores de 4 años, quienes se encontraban conviviendo con sus madres en la Unidad Nº 31 deL SPF– Ezeiza -.

Estas desvinculaciones, entre las madres y los niños, surgen cuando el SPF actúa como ente fiscalizador de la crianza y maternidad de las mujeres y además, actúa entre las madres como una amenaza latente, estableciendo que la permanencia junto a sus hijos está determinada por su comportamiento como “buena madre”.

Como  resultado de este procedimiento algunos niños fueron alojados en la casa de un familiar cercano, pero otros sufrieron un destino más doloroso, siendo acogidos por instituciones públicas o "familias sustitutas", perdiendo total contacto con sus madres.

Debido a la gravedad de este escenario, desde el organismo se llevaron adelante diversas acciones, que mostraron la vinculación irregular existente entre el SPF y Servicio Local de Protección de Niños y Niñas de la localidad de Ezeiza, existiendo en algunos casos duplicidad de funciones, que hacen que se legitimen las decisiones tomadas por las autoridades del penal.

Por ello,  en el mes de julio el Equipo de Género y Diversidad Sexual convocó a una mesa de intercambio entre algunos actores claves. Participaron del evento funcionarios/as de la Comisión de Temáticas de Género y el  Programa de atención a las problemáticas sociales y relaciones con la comunidad de la DGN, el Dr. José María Torres Traba de la Defensoría Civil de Lomas de Zamora, la Dra. Laura Musa de Fundación Sur, Lic. Marta Pesenti del Programa Primeros Años, el Dr. Cejas Meliare, Director General de Protección de Derechos Humanos, asesores del área de Salud Mental y la Dirección Legal y Contencioso de la PPN.

Durante la jornada, los participantes hicieron hincapié en la continuidad de las prácticas judiciales basadas en el sistema tutelar, en la necesidad de seguir reclamando la implementación del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tal cual lo regula la Ley 26.061. Asimismo, plantearon la necesidad de establecer estrategias de intervención frente a futuras externaciones, controlar las medidas de abrigo interpuestas y garantizar la rápida re vinculación familiar  en los casos que amerite.

Por último, se acordó la realización de una nueva mesa de debate durante el mes de septiembre con el objeto de continuar delineando futuras acciones en conjunto.