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El 22 de septiembre tuvo inicio, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, el juicio por una causa emblemática de malos tratos que litiga este organismo en calidad de querellante.

 

En el caso se encuentran imputados los agentes del Servicio Penitenciario Federal Jorge Fernando Medina Escobar, Ricardo Ariel Rojas y Hernán Pantaleón Bogado por el hecho de haber sometido a Luis Alfredo Aguilar a una atroz golpiza, suceso que hasta el momento se encuentra calificado como constitutivo del delito de severidades y lesiones leves (artículos 89 y 144 bis inciso 3° del Código Penal).

Asimismo, se le imputa a Javier Corredigor el haber encubierto el accionar ilegal de los agentes antes mencionados, en los términos del artículo 277 del Código Penal. La causa está caratulada “Medina Escobar y otros s/ severidades”, expediente n° 154/2012 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta.

Los hechos

El 1 de marzo de 2012 Luis Alfredo Aguilar, detenido en el pabellón 2B del Complejo Penitenciario Federal n° III ubicado en la localidad de Guemes, provincia de Salta, se encontraba hacía 11 días realizando una huelga de hambre en el marco de la cual reclamaba que se le permitiera ser trasladado a un juzgado de menores de Tartagal –donde residía-, para denunciar la situación en la que se encontraba su hijo recién nacido, a quien sospechaba que su expareja había abandonado, regalado o vendido. Desde su ingreso al establecimiento en septiembre de 2011 hasta el momento del hecho, en el transcurso de aproximadamente 5 meses, Aguilar había llevado a cabo 3 huelgas de hambre por el mismo motivo y había perdido 11 kilos de peso, no consiguiendo respuesta alguna por parte del Servicio Penitenciario Federal ante la delicadísima situación que atravesaba.

En ese contexto, en la fecha antes referida, aproximadamente entre las 10:30 y las 11:30 horas, le manifestó a un celador que no iría a la enfermería a ser pesado debido a que, por su estado de debilidad, le costaba incorporarse por sus propios medios. Ante la negativa de Aguilar, concurrieron a su celda otros 3 penitenciarios de alto rango (un jefe de área, un jefe de requisa y un jefe de turno) y comenzaron a insultarlo y amenazarlo de diversas formas exigiéndole que se levantara para ir a la enfermería. Aguilar les insistió en que no podía levantarse. Como consecuencia de ello, le pegaron una patada en el tobillo y luego 3 de esos agentes lo sujetaron de sus manos y pies, lo arrastraron por unas escaleras golpeándole la cabeza contra los escalones y lo llevaron hacia la sala de celadores ubicada en un sector contiguo al pabellón.

Allí fue sometido a una cruel golpiza por parte de los 3 jefes referidos. Lo tomaron del cuello y después lo tiraron al suelo, golpeándolo repetidamente en la cabeza, en el estómago y en la zona de la cintura y la espalda con palos, patadas y golpes de puño, hasta que Aguilar quedó en estado de conmoción.

Luego, convocaron a un enfermero que se dirigió hasta el lugar y lo llevaron en silla de ruedas a la enfermería, donde lo atendió un médico que omitió consignar las lesiones que tenía a raíz de la golpiza, que eran, a grandes rasgos, hematomas y escoriaciones (fundamentalmente en la zona de la espalda a la altura de la cintura, en el cuello y la frente).

La actuación de la Procuración Penitenciaria

El mismo día de los hechos, unas horas después, se constituyó en el lugar el delegado de la PPN, Dr. Facundo Guibergia. Ante las referencias hechas por los demás detenidos en el pabellón respecto a la ocurrencia de la golpiza, entrevistó a Aguilar, quien autorizó a realizar la denuncia por los hechos y a que se le tomaran fotografías de las lesiones que presentaba.

Asimismo, en uso de las facultades legales del organismo y por indicación telefónica del médico de la Procuración (Dr. Pablo Briones), el delegado exigió que se le mostrara la historia clínica del detenido. Tras observar que las lesiones no estaban descriptas en el documento médico, demandó la presencia del facultativo de guardia y le exigió que dejara la debida constancia en la historia clínica.

Dos días más tarde se hizo presente en la unidad el Dr. Briones, quien elaboró un informe exhaustivo acerca de las secuelas físicas en el cuerpo de Aguilar y su probable origen. Más tarde, se presentó la denuncia penal correspondiente, aportando el informe médico del Dr. Briones y las fotografías oportunamente tomadas por el delegado del organismo.

Intento de encubrimiento

El encomiable y rápido accionar del Dr. Guibergia derivó en que los agentes penitenciarios involucrados idearan un burdo intento de encubrir la realidad de los hechos culpando a la víctima, coaccionándolo para que firmara un acta de lesión donde sostenía que “se había caído de la cama”.

Tal como ha venido planteando el organismo a lo largo de la investigación, la mendacidad de ese extremo se desprende no sólo del horario en que supuestamente la víctima había hecho esa manifestación al celador, -esto es, 5 minutos después de que ingresara el delegado de la PPN y mientras estaba con Aguilar tomándole la denuncia- sino también de la altura de la cama (ubicada a no más de 50 cm del piso) y la cantidad, diversidad y diferencia de planos anatómicos en los que estaban ubicadas las lesiones (algunas en la frente, otras en la espalda).

La causa y el comienzo del juicio oral

El proceso se originó con la referida denuncia de la PPN, el 7 de marzo de 2012. El 29 de mayo de ese año, el titular del Juzgado Federal n° 2 de Salta convocó a prestar declaración indagatoria a Jorge Medina Escobar, Hernán Bogado y Javier Corregidor. Luego, el 18 de junio de 2012 citó en los mismos términos a Ricardo Ariel Rojas. Todos fueron procesados el 10 de septiembre de 2012, temperamento que fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta el 5 de agosto de 2013. Finalmente, la causa fue elevada a juicio el 20 de agosto de 2014.

Así las cosas, en el juicio oral que comenzó el día 23 de septiembre del corriente año, se recibieron las declaraciones testimoniales de Luis Alfredo Aguilar, del delegado y el médico de la PPN, de dos médicos, un enfermero y un celador de otro pabellón –todos del SPF-; y de una periodista que había publicado en un diario de la zona una nota referida a la habitualidad de los malos tratos físicos en el Complejo de Guemes.

Es de destacar, particularmente, el compromiso y la firmeza mostrados por la víctima de los hechos, Luis Alfredo Aguilar, quien –estando ya en libertad- tuvo que realizar un largo viaje desde la región de la Nueva Orán para poder concurrir al juicio, mantuvo sus dichos y manifestó su voluntad de expresarse ante los jueces solicitándoles que se haga justicia respecto de lo ocurrido, en especial para evitar su repetición y de ese modo, impedir que otros detenidos no sufran situaciones de extrema violencia como a la que él fue sometido.

Finalmente, el 6 de octubre próximo se escucharán los alegatos de todas las partes, y se espera que el mismo día el Tribunal emita su veredicto.