13 de octubre, 2015.
El día 1 de marzo de 2012, aproximadamente entre las 10:30 y las 11:30 horas, Alfredo Aguilar, detenido en el CPF III de Guemes, provincia de Salta, se encontraba hacía 11 días realizando una huelga de hambre para que le permitieran trasladarse a la ciudad de Tartagal para conocer el paradero de su hijo recién nacido, a quien sospechaba que habían abandonado o regalado.
Como consecuencia de ese reclamo, fue sometido a una brutal golpiza por parte de al menos 3 agentes penitenciarios. Lo arrastraron por unas escaleras y después lo tiraron al suelo y lo vapulearon con palos, patadas y golpes de puño en diversas partes del cuerpo hasta que quedó desvanecido.
El mismo día de los hechos, el delegado de la PPN le tomó la denuncia a la víctima y exigió al médico de guardia en el Complejo que constatara las lesiones que presentaba. El inmediato accionar del representante del organismo derivó en que los agentes penitenciarios involucrados idearan un burdo intento de encubrir la realidad de los hechos culpando a la víctima, coaccionándolo para que firmara un acta de lesión donde sostenía que “se había caído de la cama”.
A lo largo del juicio llevado a cabo ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, esa versión falaz fue desbaratada por la totalidad de la prueba producida. Particularmente, el médico de la PPN expuso ante los jueces que es imposible que las lesiones que tenía Aguilar hayan sido ocasionadas por un accidente o que hubieran sido auto-provocadas, y concluyó que evidentemente fueron producto de la golpiza sufrida por la víctima.
En el día de hoy, 13 de octubre de 2015, se conoció el veredicto del Tribunal. Se resolvió condenar a Jorge Medina Escobar (quien se desempeñaba como Jefe de Área, una de las máximas autoridades del establecimiento) a la pena de 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo, en orden a los delitos de severidades agravadas y lesiones. También se condenó a los jefes de turno y de requisa, Hernán Pantaleón Bogado y Ricardo Ariel Rojas, a la pena de 3 años y 3 meses de prisión e inhabilitación especial por doble tiempo por los mismos delitos, y al celador Javier Corregidor a la pena de 3 años de prisión en suspenso en orden al delito de encubrimiento.
Indudablemente, se trata de un fallo emblemático para la región del NOA y el país y que, sumado al recientemente dictado en el caso de Brian Núñez, es uno de los primeros en los que funcionarios del SPF son condenados por tribunales federales por violaciones a derechos humanos. En efecto, constituye un hito histórico para contribuir a la prevención y sanción de las prácticas de torturas y malos tratos a detenidos en cárceles federales.
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