La Procuración Penitenciaria de la Nación registra, documenta e interviene ante cada muerte de detenidos bajo custodia del sistema penitenciario federal mediante la aplicación del Procedimiento para la Investigación y Documentación de Fallecimientos en Prisión (Res. 169/PPN/08 y mods.). 

Sus objetivos son garantizar una investigación administrativa independiente y eficaz sobre las causas y circunstancias en que las muertes ocurren, a través de la inspección del lugar de los hechos, y la recuperación de las voces de familiares, allegados y otros detenidos, mediante entrevistas realizadas en las mayores condiciones de privacidad posible. También indaga documentación judicial y administrativo- penitenciaria, y se apoya en dictámenes médicos y de profesionales de salud mental. Analiza por último la actuación judicial desplegada, para el control jurisdiccional de las condiciones en que la detención de la víctima se desarrolló, y para investigar luego eficazmente lo acontecido.

Además del reconocimiento de responsabilidades individuales en casos concretos, el registro estandarizado permite identificar continuidades, rupturas y emergentes que visibilizan la existencia de prácticas judiciales y penitenciarias regulares que provocan, como efecto de conjunto, la producción de muertes bajo custodia y su posterior impunidad.

A continuación se presentan los resultados del procesamiento de los primeros seis años y fracción de aplicación del Procedimiento, entre el 1º de enero de 2009 y el 30 de septiembre de 2015.

Entre sus datos más salientes, destaca la persistencia de la muerte en prisión en niveles elevados, fenómeno consolidado desde el año 2012, y más alarmante aún resulta la cantidad de fallecimientos violentos desde 2011. Durante 2015, evidencia el informe, estas muertes traumáticas se han concentrado prioritariamente en los complejos penitenciarios para varones adultos del área metropolitana: CPF CABA de Devoto, CPF I de Ezeiza y CPF II de Marcos Paz.

Reseña también el documento, aunque exceda las competencias del Servicio Penitenciario Federal, una nueva muerte violenta en contexto de incendio en un instituto de menores dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El hecho sumamente traumático, se enmarca en un proceso de reclamo administrativo y judicial tendiente a habilitar el monitoreo de estos establecimientos para menores por la Procuración Penitenciaria, competencia reconocida por las leyes 25.875 y 26.827 pero obstaculizada por la administración pública nacional hasta el momento.

Finaliza el informe destacando los avances más significativos en actuaciones judiciales donde se investigan las responsabilidades estatales por fallecimientos bajo custodia. De ellas, resulta especialmente significativa la elevación a juicio de la causa donde se investiga el incendio de la ex Unidad Nº 20 –establecimiento psiquiátrico para varones- donde dos detenidos perdieron la vida. Cuatro funcionarios penitenciarios, entre ellos el ex Director de la Unidad Nº 20 SPF, han sido imputados por el delito de homicidio culposo ante su accionar negligente. Radicada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de Capital Federal, las partes han ofrecido la prueba en los términos del artículo 354 CPPN. Se aguarda una pronta fijación de fecha de debate en la causa que tiene como querellantes a la Procuración Penitenciaria, y a la Defensoría General de la Nación en representación de las familias de las víctimas.