16 de Diciembre, 2015.
Con estas palabras se presentó públicamente el IV Informe del Registro Nacional de Casos de Tortura, relevado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
El nuevo informe devela una vez más la sistemática vulneración de derechos en las instituciones de encierro en todo el país y pone de manifiesto la responsabilidad del Estado, tanto por sus acciones como por sus omisiones, frente a las prácticas sistemáticas de la tortura y la falta de acceso a la justicia.
“Hemos trabajado mucho en acordar este esfuerzo común de elaborar un informe sobre este sistema de violación de derechos y de lo que sucede en las cárceles de nuestro país. Nuestro compromiso es mantener y difundir esta información con los mismos propósitos que nos dieron origen”, manifestó Francisco Mugnolo, destacando el trabajo institucional por hacer público aquello que se silencia y oculta desde las estructuras Estatales.
Alcira Daroqui, Directora del GESPyDH, destacó el compromiso de defender los Derechos Humanos del presente “resistiendo la tendencia a minimizar y naturalizar la violencia contra los más desposeídos y los más pobres, que son los que están en la cárcel, que son los que las fuerzas de seguridad hostigan, intimidan, marcan, torturan y matan”. “La tortura es una práctica histórica que el Estado, y sobre todo el Estado moderno, ejecuta para gobernar a determinados sectores. Es muy difícil que la erradiquemos, pero lo que no podemos hacer es dejar de denunciarla, denunciar a sus actores y a sus responsables políticos”. “Si existe la tortura no es sólo porque hay alguien que tortura, sino porque hay una justicia que lo avala, legitima, encubre y naturaliza. Son entonces partícipes necesarios de la tortura; son entonces torturadores”, señaló la investigadora.
Por su parte, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria señaló algunas preocupaciones. Una de ellas giró en torno a un mecanismo recurrente del sistema penitenciario, policial y del ejército que él denomina “la suspensión de la conciencia”, que consiste en extender determinadas prácticas para diluir las responsabilidades en un colectivo. “Esto tiene un eje fundamental que no sólo es político, es ético. Tenemos que hacer todos los esfuerzos porque se respeten los derechos y sino, denunciar a las autoridades”. La otra gran preocupación tuvo que ver con la omisión que hubo en los discursos de asunción del nuevo gobierno nacional sobre el tema de Derechos Humanos: “El nuevo gobierno asumió el 10 de diciembre, día internacional de los Derechos Humanos y no se mencionó en ningún momento de los discursos el tema …es lo que yo llamo olvidos intencionados. No son olvidos porque sí, tienen una connotación política profunda. Frente a ello, necesitamos de la unidad, de la conciencia crítica, del diálogo con las autoridades. Tenemos que tener una capacidad de resistencia para modificar estas conductas”.
El acto de presentación pública del informe que se realizó en el Auditorio de la CPM en la ciudad de La Plata, concluyó con el testimonio de la madre de un joven detenido que describió a la justicia como “una gran telaraña que atrapa a los más pobres y a los débiles”. “La falta de atención médica, el desprecio por los familiares, las torturas, el constante traslado, la falta de alimentación, la violencia, la desidia y el maltrato son una doble pena, un castigo extra que deben sufrir los detenidos que es ilegal y que constituye una grave violación a los Derechos Humanos”. “La mayoría que están presos no tuvieron afuera ningún derecho. Lo que necesitan para la reinserción es justamente contar con más derechos” concluyó. Finalmente agradeció el apoyo de los organismos que trabajan incansablemente por el respeto de los derechos de las personas detenidas y el apoyo de los familiares.
