13 de Mayo, 2016
El informe presenta los resultados del procesamiento de los primeros siete años y fracción de aplicación del Procedimiento, entre el 1º de enero de 2009 y el 31 de marzo de 2016.
Entre sus datos más salientes, destaca la persistencia de la muerte en prisión en niveles elevados, y más alarmantemente de los fallecimientos violentos desde el año 2012. Durante el primer trimestre de 2016, evidencia el informe, la totalidad de los fallecimientos registrados se produjo en cárceles de máxima seguridad para varones adultos. Además, las muertes traumáticas se han concentrado prioritariamente en los complejos penitenciarios para varones adultos del área metropolitana, siendo el caso del CPF I de Ezeiza el más preocupante.
Finaliza destacando los avances más significativos en actuaciones judiciales donde se investigan las responsabilidades estatales por fallecimientos bajo custodia. De ellas, resulta especialmente significativa la confirmación, por parte de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, de los procesamientos de veinte de los veintidós agentes del Servicio Penitenciario Federal imputados en la causa en la que se investigan las torturas físicas y psicológicas que sufrió un detenido los días 3 y 5 de noviembre de 2001 en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, así como su muerte ocurrida por ahorcamiento dos días después en ese establecimiento.
La Procuración Penitenciaria de la Nación registra, documenta e interviene ante cada muerte de detenidos bajo custodia del sistema penitenciario federal mediante la aplicación del Procedimiento para la Investigación y Documentación de Fallecimientos en Prisión (Res. 169/PPN/08 y mods.).
Sus objetivos son garantizar una investigación administrativa independiente y eficaz sobre las causas y circunstancias en que las muertes ocurren, a través de la inspección del lugar de los hechos, y la recuperación de las voces de familiares, allegados y otros detenidos, mediante entrevistas realizadas en las mayores condiciones de privacidad posible. También indaga documentación judicial y administrativo- penitenciaria, y se apoya en dictámenes médicos y de profesionales de salud mental. Analiza por último la actuación judicial desplegada, para el control jurisdiccional de las condiciones en que la detención de la víctima se desarrolló, y para investigar luego eficazmente lo acontecido. Además del reconocimiento de responsabilidades individuales en casos concretos, el registro estandarizado permite identificar continuidades, rupturas y emergentes que visibilizan la existencia de prácticas judiciales y penitenciarias regulares que provocan, como efecto de conjunto, la producción de muertes bajo custodia y su posterior impunidad.