20 de Septiembre, 2016.

En marzo del corriente año, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) fue convocada por la Defensoría del Pueblo de la Nación y las asociaciones Church World Service (CWS) y Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (ACiFaD) para integrar la Alianza Estratégica por los Derechos de los Niños, Niñas, y Adolescentes con referentes adultos privados de libertad.

Esta articulación de actores vinculados a la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y la Procuración Penitenciaria, constituye un intento de consolidar una plataforma sobre la cual se puedan generar distintas acciones de incidencia que garanticen de manera integral y coordinada los derechos de los NNA cuyos  padres/madres están privados de libertad (PPL).

La realidad actual demuestra que, a pesar de tener un inconmensurable impacto social, esta problemática, no se ha traducido en políticas públicas que garanticen derechos en consonancia con dos principios constitucionales: el principio de intrascendencia de la penay el interés superior del niño.

De modo particular, la Procuración Penitenciaria ha denunciado la existencia de prácticas que vulneran el derecho a la afectividad: traslados recurrentes, alojamiento en lugares distantes del domicilio, arbitrariedades para el ingreso de los familiares que concurren a la visita, falta de lugares adecuados para los encuentros, trabas burocráticas que desestimulan la vinculación familiar,  malos tratos físicos y psíquicos así como el sometimiento a requisas vejatorias que padecen en muchas ocasiones los visitantes, son solo algunos ejemplos de estas prácticas.

Frente a ello, el Organismo ha venido desplegando una serie de estrategias que incluyen presentaciones judiciales, recomendaciones, proyectos de modificación reglamentaria, en pos de erradicar prácticas que vulneran derechos inherentes de las personas privadas de libertad y que, por extensión, afectan a otros sujetos no comprendidos en las prácticas del sistema penal-penitenciario.

Por otra parte, en su vivencia cotidiana los niños y niñas que quedan sin la protección de un referente significativo, padecen un sinfín de situaciones gravosas: se ven obligados a asumir roles de adultos como el cuidado de otros niños/as; a afrontan fuertes dificultades económicas para cubrir sus necesidades básicas; sufren la desestructuración o desmembramiento familiar, a lo que se suma la discriminación y la estigmatización en los entornos sociales que frecuentan,  como el barrio, la escuela, el club, etcétera.

Para revertir estas y otras situaciones, la Alianza Estratégica por los Derechos de los Niños, Niñas, y Adolescentes con referentes adultos privados de libertad, ha formalizado un espacio de debate y reflexión con encuentros periódicos. Participandiferentes actores institucionales del ámbito nacional y provincial dedicados a la protección integral de los derechos los niños, niñas y adolescentes; representantes del Ministerio de Justicia de la Nación; de la Defensoría General de la Nación; y agencias internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y en conjunto se han ido abordando distintos aspectos de la problemática a través de acciones específicas.

Identificar y comprender la problemática de los niños, niñas y adolescentes y de sus referentes adultos privados de libertad, en clave del derecho a la afectividad y articular estrategias con otras organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, constituye uno de los objetivos prioritarios del organismo frente a la necesidad de hacer visible una realidad que aún no ha sido lo suficientemente abordada.

Aproximaciones para un diagnóstico de la situación en nuestro país.

• No existen estadísticas oficiales y conocimiento técnico/científico sistematizado que pueda dar cuenta de las consecuencias del encarcelamiento de un adulto en los NNAPEs.
• Tampoco se cuenta con datos cuantitativos relativos a la cantidad de NNAPEs, (aunque a través de diferentes estudios y encuestas relacionadas podemos inferir que son alrededor de 150.000). El hecho de que el SNNEP (Sistema Nacional de Ejecución de la Pena) no tenga incorporado en su cuestionario la pregunta sobre la cantidad de hijas/os de las PPL, hace que no sea posible mensurar el dato a partir de esta información. .
• Si bien la mayoría de los NNAPEs participan de programas o políticas estatales o de la sociedad, éstos no contemplan las necesidades específicas derivadas del encarcelamiento de un referente adulto.
• Los profesionales que trabajan en instituciones educativas, que cumplen un rol clave como espacio de socialización secundaria y fundamental para el crecimiento y desarrollo de los/las niñxs, no están sensibilizados/as ni formados/as para entender y acompañar a los NNAPEs.
• Existe una fuerte desconexión entre el sistema penal/penitenciario y los sistemas de protección de los derechos de los/las niñxs, en claro perjuicio hacia éstos y sus familias.
• Ya la PPN, en sus intervenciones acerca de las visitas y sus procedimientos, había puesto de relieve la violencia que sufren los familiares incluyendo las niñas y niños de las PPL, cuando concurren a las unidades penitenciarias: deplorables condiciones edilicias, higiénicas; trato degradante por parte de las fuerzas de seguridad para ellos y sus acompañantes –en su mayoría mujeres-. Violencia física y simbólica sistemática y constante; subordinación a decisiones y normativas que afectan sus derechos.