18 de Octubre, 2016.

Los resultados que se exponen en este informe emergen del procesamiento de la Base de datos de casos de Tortura y Malos Tratos Investigados por la PPN, y corresponden al período comprendido entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2016.

La base de datos se nutre de la información producida en el marco de la aplicación del Procedimiento para la Investigación y Documentación de Casos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y/o Degradantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación, inspirado en los principios establecidos por el Protocolo de Estambul en su Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes. Se trata de una base de datos enfocada en los casos que incluyen violencia física. Lejos de reducir el fenómeno de la tortura a estos episodios, el recorte representa una línea de intervención institucional prioritaria habida cuenta de la gravedad y persistencia de este tipo de práctica penitenciaria.

   Es importante considerar que debido a las dificultades propias a las que se enfrenta la producción de información sobre la cárcel, y las numerosas obstaculizaciones que se presentan al momento de indagar y visibilizar sus prácticas institucionales en general –y más aún aquellas violentas- es pertinente realizar una lectura de la información que considere la llamada “cifra negra”, es decir, el sub registro inevitable que supone la aplicación de un procedimiento de este tipo. Los datos que aquí se publican son sólo el fragmento conocido del despliegue de agresiones físicas y de ninguna manera tiene la pretensión de representar acabadamente el fenómeno. No obstante deben ser considerados el “piso mínimo” de los casos constatados, y su valor radica en la información que ofrecen sobre las aristas más importantes de la violencia penitenciaria como son la distribución de casos por unidad, las modalidades y las circunstancias en que el fenómeno se produce.

  Durante el primer semestre de 2016 la PPN documentó 235 casos de tortura y malos tratos los que, respetando el consentimiento de las víctimas para denunciar lo sucedido, se tradujeron en la presentación de 84 denuncias penales.