Este caso, donde se encuentran procesados 14 agentes del Servicio Penitenciario Federal acusados de torturar el 8 de abril de 2008 en la Prisión Regional del Sur (U.9) al detenido Argentino Pelozo Iturri -quien murió poco después en el hospital provincial Castro Rendón-, había tomado un nuevo impulso luego de que (por pedido de la Procuración Penitenciaria de la Nación) en septiembre de 2014 se llevara adelante un nuevo peritaje en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objeto de determinar la causa de la muerte de la víctima.
Los resultados de ese estudio habían corroborado de forma contundente lahipótesis sostenida por la PPN en base a las contribuciones que obtuvo el organismo tras consultar y aportar al caso las opiniones de reconocidos especialistas en materia forense, los Dres. Patitó y Ravioli. En resumidas cuentas, se concluyó que Pelozo murió a raíz de la brutal golpiza recibida y no por un hecho fortuito —como se había consignado en los primeros informes médicos practicados en el caso—.
Consecuentemente, tras la incorporación de los hallazgos periciales, se ampliaron las imputaciones contra los autores de los tormentos, ahora ya no únicamente por la mera imposición sino también por haber derivado en el fallecimiento de la víctima.
Finalmente, el pasado 19 de octubre de 2016 el titular del Juzgado Federal 2 de Neuquén dictó los procesamientos de los 8 agentes penitenciarios que participaron en la golpiza, en orden al delito de torturas seguidas de muerte. El juez sostuvo (como antes lo había hecho la Cámara Federal de General Roca al confirmar sus procesamientos por torturas) que “el ingreso del personal a la celda en la que se encontraba alojado Pelozo Iturri no fue para auxiliarlo ante un episodio convulsivo, sino que una vez dentro lo golpearon y agredieron (…) Así como que en el trayecto desde la celda al servicio médico continuó la golpiza y que ínterin habría caído de una escalera y se habría desmayado (…) En el servicio médico la aplicación de golpes, patadas e incluso un pisotón prosiguieron hasta que entró en paro cardiorespiratorio y se dispuso su traslado al Hospital Castro Rendón en donde se determinó su muerte (…) En virtud de ese desenlace se realizaron múltiples diligencias para ocultar lo realmente sucedido y brindar una `versión oficial´ menos comprometedora para quienes intervinieron”.
Así las cosas, más allá de la instancia recursiva que presumiblemente impulsarán ante este fallo las defensas de los procesados, la finalización de la recolección de pruebas encamina este gravísimo caso en el que la PPN se desempeña como querellante a la realización de un juicio oral y público en el que se buscará la sanción a todos sus responsables.