Ciudad de Panamá, 7 de diciembre del 2016.- Esta mañana se llevó a cabo la audiencia solicitada por la Red Euro Latinoamericana para la Prevención de la Tortura y la Violencia Institucional (RELAPT) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en que se presentó el informe de la RELAPT que ha diagnosticado la situación de tortura, la violencia institucional y su impunidad en América Latina. Los miembros de la RELAPT que expusieron en la audiencia Mariana Sheehan y Jennifer Wolf de la Procuración Penitenciaria de la Nación de Argentina, Andrea Barrios del Colectivo Artesana de Guatemala, Marcia Aguiluz de CEJIL y Alejandro Gómez Jaramillo de la Universidad de Santo Tomás de Colombia.

Las organizaciones han destacado cómo en el diagnóstico realizado en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Uruguay y Paraguay y a pesar de haber transcurrido más de 30 años desde la firma de las Convenciones Internacional e Interamericanas para prevenir y sancionar la tortura, aún subsisten importantes desafíos en la materia pero además se han incrementado prácticas institucionales que aumentan la situación de vulnerabilidad y la violencia contra las personas privadas de libertad.

En los países analizados, en promedio un 51% de la población privada de libertad en cárceles carece de una sentencia condenatoria firme, cumpliendo años en encierro sin la certeza de su responsabilidad penal en los hechos que se les acusan. Esto se agrava a raíz de una falta de infraestructura adecuada para alojar a un crecimiento explosivo de la población penitenciaria y la falta de una respuesta ágil y efectiva de los sistemas judiciales para tramitar, por ejemplo, peticiones de libertad condicional, entre otras incidencias.

El aislamiento es otro problema resaltado durante la audiencia: las personas privadas de libertad son enajenadas de cualquier principio de humanidad y puestas a la manifestación del poder que castiga. Tal es el caso de Argentina, en el que el 81.5% de 590 personas privadas de libertad encuestadas dijo haber sufrido aislamiento.

Durante la audiencia el problema de las requisas en prisión fue expuesto como un mecanismo que si bien está comprendido en los reglamentos penitenciarios, lo hace desde la exigencia del respeto por los principios de dignidad e integridad personal. Sin embargo, en Paraguay, por ejemplo, se ha constatado que las requisas constituyen uno de los recursos de los que se valen los guardias penitenciarios para controlar disciplinariamente a la población y para obtener dinero.

Por último las organizaciones subrayaron la preocupante situación de las muertes que se producen en la cárcel, pero sobretodo las muertes que la misma cárcel produce. Es decir, acciones directamente imputables al Estado. Así es el caso de Brasil, donde en el primer semestre del año 2014 hubo 565 muertes en unidades de prisión de las cuales la mitad fueron violentas e intencionales. En Guatemala solo en el último año han muerto 150 personas de manera violenta dentro de los centros carcelarios.

Además de la violencia denunciada, la RELAPT expuso que las prácticas de tortura persisten en la mayoría de los países mediante el uso de la fuerza a través de agresiones físicas, las cachetadas, los golpes de puño, las patadas y los palazos, el uso de gas pimienta, borceguíes y duchas de agua fría, como modalidad de gestión y gobernabilidad del encierro por parte de las fuerzas de seguridad. Lamentablemente no existe acceso efectivo a la justicia ya que estos casos quedan invisibilizados y aquéllos que se logran presentar no tienen un tratamiento adecuado, quedando impunes.

RELAPT y CEJIL solicitaron a la CIDH que manifestara públicamente su preocupación por la situación expuesta en el informe y durante la audiencia. También les pidieron que exhortaran a los países del continente que todavía no lo han hecho, a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, en su 30 aniversario, así como a cumplir con sus obligaciones internacionales para erradicar la tortura y la violencia institucional, sugiriendo acciones que permitan prevenir este tipo de prácticas y también creando sistemas de registros que permitan identificar la magnitud de la problemática, que incluya además los casos de tortura que llegan a estrados judiciales y que se fortalezcan los mecanismos de acceso a la justicia para acabar con la impunidad.