13 de febrero, 2017.

Tanto organizaciones privadas como organismos públicos y otros sectores que conforman el mercado laboral, exigen certificados de antecedentes penales como condición para el acceso a los puestos de trabajo que ofrecen. Ello implica que muchas  personas que han transitado una pena privativa de libertad queden fuera del mercado laboral formal, con todas las consecuencias negativas que ello implica.

En este sentido, los mayores inconvenientes surgen al momento de presentar el informe de reincidencia, emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, implementado mediante Decreto-Ley 22.179/1979. A partir del mismo se estigmatiza a las personas que estuvieron privadas de libertad y en muchos casos funciona como factor determinante para el no otorgamiento del puesto de trabajo. Es por ello que la PPN  efectuó  una recomendación a los ministerios involucrados en la materia, a fin que las personas que hayan cumplido con la totalidad de su condena tengan acceso a un trabajo en igualdad de condiciones.