2 de Marzo, 2017
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dispuso la detención de 11 agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en dos causa judiciales en las que se investigan hechos de torturas cometidas en los años 2011 y 2015 en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.
Las resoluciones de la Cámara Federal tienen como antecedente los recursos de apelaciones presentados por los fiscales federales Leonel Gómez Barbella y Claudio Pandolfi, contra las decisiones de primera instancia que disponían el sobreseimiento, en un caso, y la falta de mérito, en el otro, de los imputados. Ambos fiscales están a cargo de la instrucción de las respectivas investigaciones por delegación del juez.
Uno de estos casos se inició con motivo de una denuncia presentada por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).
En los fundamentos de ambas resoluciones la Cámara Federal destaca, en línea con lo que viene sosteniendo desde hace tiempo la PPN, el carácter sistemático de la práctica de la tortura en las cárceles de nuestro país.
En tal sentido, el fallo enfatiza lo siguiente: “ resulta de gran ayuda el aporte efectuado por la Procuración Penitenciaria Nacional que ha incluido este fenómeno [el de la tortura]como una línea de trabajo prioritaria en los últimos años, destacando la sistematicidad de las prácticas de tortura y los malos tratos como el problema más grave que condiciona la vigencia de los derechos humanos en las cárceles de nuestro país. (…)
En el informe del año 2014 de este organismo (último informe anual disponible en la web http://www.ppn.gov.ar), se señala como un logro fundamental, la aceptación pacífica de la existencia de prácticas sistemáticas de tortura también en cárceles federales, observando que hasta el 2007 imperaba la idea de que la tortura estaba muy extendida en algunas jurisdicciones provinciales pero en el Servicio Penitenciario Federal era una práctica más esporádica.
Sin embargo a partir de las investigaciones e informes de la Procuración Penitenciaria Nacional, se negó en forma contundente aquella versión, demostrando la sistematicidad de estas prácticas de represión estatal en el ámbito federal, diagnóstico que en la actualidad es compartido por todos los organismos y actores que trabajan en la prevención de la tortura”.(sic)