06 de Marzo, 2017.

El jueves 2 de marzo, poco antes de las siete de la tarde, se desató un incendio en la Comisaría 1ª de la Policía Bonaerense en la Cuidad de Pergamino. En la celda colectiva donde ninguna persona debería haber estado detenida, porque es esa una función propia de la agencia penitenciaria, convivían hacinadas diecinueve personas, todas ellas detenidas cautelarmente. Siete de ellas murieron.

Corresponderá a la justicia ordinaria, y al esfuerzo de los organismos y organizaciones de derechos humanos que trabajan en la Provincia de Buenos Aires indagar las causas y circunstancias en que se produjo el incendio, y las responsabilidades a título personal que en su caso les correspondan a los funcionarios implicados. La utilización apresurada en medios de comunicación de términos como motín, incidentes o pelea diluye el rol de las agencias estatales en él, y pone el foco en investigar y juzgar a las verdaderas víctimas de la tragedia: los detenidos y sus familiares.

Por lo pronto, corresponde dejar asentada una vez más la responsabilidad estatal ante la muerte de cada persona que decide privar de su libertad, por delitos leves o graves, procesados o condenados. Durante el año 2016, por caso, se han registrado tres muertes por incendio en cárceles federales, dos de ellas en el CPF I de Ezeiza y la restante en el CPF III de Gral. Güemes. Con esa perspectiva, la Procuración Penitenciaria de la Nación inicia una investigación independiente ante cada caso de muerte de una persona detenida bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal.

La experiencia institucional acumulada permite reconocer que son prácticas estructurales y arraigadas, pero también judiciales, las que provocan como efecto de conjunto los fallecimientos en prisión. En nuestros sucesivos Informes Anuales  hemos denunciado sobre el impacto en la producción de muertes de la persistencia de la violencia como estrategia de gestión de la prisión; la inasistencia a la salud física y mental; la ausencia de vías legítimas y eficaces para canalizar pedidos y reclamos, provocando la proliferación de medidas de fuerza extremas; la inexistente política integral frente a incendios; y la falta de control, guarda y custodia reforzada ante ciertos colectivos especialmente vulnerados. También hemos alertado sobre el impacto en las muertes bajo custodia que provoca la falta de control jurisdiccional de las detenciones –en materia de alojamientos, traslados y calidad de la asistencia médica, entre otros-, la ausente política de morigeración de encierros, el uso exacerbado de la prisión preventiva, y la deficiencia de las investigaciones judiciales iniciadas ante muertes bajo custodia.

Mención aparte merece el sometimiento de detenidos a situaciones de hacinamiento en establecimientos sobrepoblados por encima de su cupo permitido. La Procuración Penitenciaria viene alertando año tras año el incremento de la cantidad de personas detenidas en las cárceles federales argentinas, sobrepasando su capacidad de alojamiento declarada. Como propuesta para revertir esa problemática, de crucial importancia, ha presentado el proyecto de Ley para la Acreditación Funcional de Establecimientos para la Privación de la Libertad y Control de la Superpoblación.