03 de Mayo, 2017.
La Procuración Penitenciaria de la Nación registra, documenta e interviene ante cada muerte de detenidos bajo custodia del sistema penitenciario federal mediante la aplicación del Procedimiento para la Investigación y Documentación de Fallecimientos en Prisión (Res. 169/PPN/08 y mods.).
Sus objetivos son garantizar una investigación administrativa independiente y eficaz sobre las causas y circunstancias en que las muertes ocurren, a través de la inspección del lugar de los hechos, y la recuperación de las voces de familiares, allegados y otros detenidos, mediante entrevistas realizadas en las mayores condiciones de privacidad posible. También indaga documentación judicial y administrativo - penitenciaria, y se apoya en dictámenes médicos y de profesionales de salud mental. Analiza por último la actuación judicial desplegada, para el control jurisdiccional de las condiciones en que la detención de la víctima se desarrolló, y para investigar luego eficazmente lo acontecido.
Además del reconocimiento de responsabilidades individuales en casos concretos, el registro estandarizado permite identificar continuidades, rupturas y emergentes que visibilizan la existencia de prácticas judiciales y penitenciarias regulares que provocan, como efecto de conjunto, la producción de muertes bajo custodia y su posterior impunidad.
El informe presenta los resultados del procesamiento de los primeros ocho años y fracción de aplicación del Procedimiento, entre el 1º de enero de 2009 y el 31 de marzo de 2017.
Entre sus datos más salientes, destaca la persistencia de la muerte violenta en prisión en niveles elevados, fenómeno consolidado desde el año 2012. Durante el primer trimestre de 2017, evidencia el informe, se han registrado diez muertes bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal, cinco de ellas violentas. El documento refleja también la reiteración de muertes de personas detenidas sin sentencia firme, y sus modalidades más recurrentes en el trimestre: fallecimientos por enfermedad y por ahorcamiento.
Finaliza el informe destacando los avances más significativos en actuaciones judiciales donde se investigan las responsabilidades estatales por fallecimientos bajo custodia. De ellas, resulta especialmente significativa la espera por citación a debate en la causa judicial elevada a juicio dos años y medio atrás, ante el incendio de la ex Unidad Nº 20 –establecimiento psiquiátrico para varones- donde dos detenidos perdieron la vida. Cuatro funcionarios penitenciarios, entre ellos el ex Director de la Unidad Nº 20 SPF, han sido imputados por el delito de homicidio culposo ante su accionar negligente. Radicada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de Capital Federal, las partes han ofrecido la prueba en los términos del artículo 354 CPPN. Se aguarda una pronta fijación de fecha de debate en la causa que tiene como querellantes a la Procuración Penitenciaria, y a la Defensoría General de la Nación en representación de las familias de las víctimas.
Próxima a elevarse a juicio se encuentra también la causa judicial iniciada ante la muerte por enfermedad de una persona al interior de su celda en el CPF II de Marcos Paz. La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de dos médicos del establecimiento penitenciario por el delito de homicidio culposo, en una investigación en la que también ha prestado declaración indagatoria el Director de la Unidad Médico Asistencial de la unidad. La Procuración Penitenciaria de la Nación, constituida como parte querellante en el caso, presentó el requerimiento de elevación a juicio en agosto de 2016. Desde dicha fecha, el expediente se encuentra en la sede de la fiscalía, a la espera de que se expida respecto a la elevación a la siguiente etapa procesal. Se trata del único caso de avances concretos en una investigación judicial por una muerte por enfermedad ocurrida desde 2009 a la fecha.[1]