02 de Marzo, 2017

Desde el año 2000, la Procuración Penitenciaria tiene como parte de su política institucional contribuir a la formación de estudiantes que elijan una formación profesional orientada a la defensa, promoción y protección de DDHH de las personas privadas de libertad. Así es que desde entonces el organismo ofrece cursos de práctica pre profesional para estudiantes avanzados de la Facultad de Derecho de la UBA.

En el día de hoy se suscribió un acuerdo con la Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, para que los estudiantes puedan optar, a lo largo de su formación profesional y en tres niveles de su recorrido curricular, por prácticas en la Procuración Penitenciaria de la Nación dirigida a generar conocimiento crítico que pueda servir como herramienta para transformar la realidad.

Elaboración de diagnósticos, identificación de problemáticas sociales, diseño y promoción de políticas públicas, elaboración de informes y recomendaciones a distintas agencias del Estado, promoción de redes y alianzas institucionales, revisión crítica de prácticas judiciales y un trabajo concreto sobre los mecanismos para garantizar y promover los vínculos sociales y familiares de la persona privada de su libertad, serán algunos de los lineamientos que se desarrollarán en los cursos, promoviendo siempre la autonomía en el desarrollo profesional.

2 de Marzo, 2017

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dispuso la detención de 11 agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en dos causa judiciales en las que se investigan hechos de torturas cometidas en los años 2011 y 2015 en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

Las resoluciones de la Cámara Federal  tienen como antecedente los recursos de apelaciones presentados por los fiscales federales Leonel Gómez Barbella y Claudio Pandolfi, contra las decisiones de primera instancia que disponían el sobreseimiento, en un caso,  y la falta de mérito, en  el otro, de los imputados. Ambos fiscales están a cargo de la instrucción de las respectivas investigaciones por delegación del juez.

Uno de estos casos se inició con motivo de una denuncia presentada por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).

En los fundamentos de ambas resoluciones la Cámara Federal destaca, en línea con lo que viene sosteniendo desde hace tiempo la PPN, el carácter sistemático de la práctica de la tortura en las cárceles de nuestro país.

 En tal sentido, el fallo enfatiza lo siguiente: “ resulta de gran ayuda el aporte efectuado por la Procuración Penitenciaria Nacional que ha incluido este fenómeno [el de la tortura]como una línea de trabajo prioritaria en los últimos años, destacando la sistematicidad de las prácticas de tortura y los malos tratos como el problema más grave que condiciona la vigencia de los derechos humanos en las cárceles de nuestro país.  (…)

En el informe del año 2014 de este organismo (último informe anual disponible en la web http://www.ppn.gov.ar), se señala como un logro fundamental, la aceptación pacífica de la existencia de prácticas sistemáticas de tortura también en cárceles federales, observando que hasta el 2007 imperaba la idea de que la tortura estaba muy extendida en algunas jurisdicciones provinciales pero en el Servicio Penitenciario Federal era una práctica más esporádica.

Sin embargo a partir de las investigaciones e informes de la Procuración Penitenciaria Nacional, se negó en forma contundente aquella versión, demostrando la sistematicidad de estas prácticas de represión estatal en el ámbito federal, diagnóstico que en la actualidad es compartido por todos los organismos y actores que trabajan en la prevención de la tortura”.(sic)

16 de Febrero, 2017

En conmemoración del décimo aniversario de la adopción de La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el próximo viernes 17 de Febrero se disertará sobre la misma en la sede de Naciones Unidas de Nueva York.

El Director de Relaciones Institucionales de la Procuración Penitenciaria y uno de los redactores de dicha Convención, Dr. Horacio Ravenna,  participará como experto en Derechos Humanos en la reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre “Desapariciones Forzadas” con el objetivo de examinar los posibles obstáculos a los que se enfrentan los Estados en la ratificación de la mencionada Convención y la mejor manera de resolverlos.

Los panelistas debatirán estrategias para superar estos desafíos, en particular, las sinergias necesarias entre los Estados, mecanismos de derechos humanos, organizaciones intergubernamentales, organismos de derechos humanos y la sociedad civil, incluidas las familias de desaparecidos, para aumentar el nivel de ratificación de la Convención.  Actualmente 56 estados son parte de la misma.

Las exposiciones se transmitirán el próximo 17 de febrero a partir de las 12hs. (Argentina), en la WebTV de la ONU en: http://webtv.un.org/live-now/watch/general-assembly-high-level-meeting-to-commemorate-the-tenth-anniversary-of-the-adoption-of-the-international-convention-for-the-protection-of-all-persons-from-enforced-disappearance/5295519843001

16 de Febrero, 2017.

Durante los últimos años la población privada de libertad en Argentina ha crecido de forma ininterrumpida. Basta con ver la evolución de la tasa de encarcelamiento, que según las estadísticas oficiales para 2015 trepó a 168,5 personas presas cada 100.000 habitantes, para identificar que el incremento se produjo tanto en términos absolutos como relativos.

Esta tendencia se ha replicado en el SPF, donde -para hacer frente a la creciente demanda de cupo- desde 2014 se amplió progresivamente la capacidad de alojamiento de los establecimientos penitenciarios, sin considerar ciertos criterios objetivos de habitabilidad. Pese a estas medidas, se detectaron algunos focos de sobrepoblación en los complejos penitenciarios que alojan a varones adultos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Durante las primeras semanas de 2017 en las cárceles federales se ha vuelto a superar el récord histórico de personas detenidas, pero además desde el 20 de enero se registra sobrepoblación general, es decir,  hay más personas encarceladas que la capacidad total de alojamiento  del sistema penitenciario. Y a pesar de que se volvió a incrementar el cupo de alojamiento declarado, no se ha podido contener el fenómeno.

En este marco de sobrepoblación general del SPF –la cifra de personas alojadas supera el cupo declarado en el conjunto de cárceles federales-, el escenario se agrava considerablemente en algunos establecimientos en particular. El Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza al viernes 10 de febrero alojaba a 141 personas para las cuales no contaba con cupo disponible. Aún peor es la situación del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, que a esa fecha alojaba a 184 detenidos por encima de su capacidad declarada. 

Por otra parte además de la responsabilidad del Poder Judicial, el problema de la sobrepoblación se complejiza debido a que  históricamente no había información confiable acerca de las capacidades de alojamiento de las distintas unidades penitenciarias, observándose a menudo incrementos del cupo declarado que no van acompañados de la habilitación de nuevas plazas de alojamiento, salvo las declaradas últimamente  por el Servicio Peniteciario donde se reconoce que se esta trabajando por arriba de su capacidad operativa. En función de ello, la Procuración Penitenciaria presentó en 2013 un proyecto legislativo (“Ley para la Acreditación Funcional de Establecimientos para la Privación de la Libertad y Control de la Superpoblación”) con el fin de establecer un mecanismo para la definición de criterios objetivos de las capacidades de alojamiento en las prisiones y poner en marcha un sistema de alertas que derive en intervenciones articuladas entre diversas agencias estatales cuando los establecimientos se acerquen a completar sus capacidades declarada.

Entre los efectos más graves de la sobrepoblación carcelaria se destaca el hacinamiento y la falta de privacidad; el deterioro edilicio y material; la degradación de las condiciones higiénico-sanitarias; la imposibilidad de acceder a trabajo, educación, actividades recreativas así como de mantener los vínculos familiares y sociales; la deficiente alimentación y atención a la salud; tortura, malos tratos y el incremento de la violencia intra carcelaria; el contagio de enfermedades, etc. Ver al respecto el SPOT de sobrepoblación elaborado por este Organismo.

Considerando las gravísimas vulneraciones de derechos que produce la sobrepoblación, y la obstaculización que representa para la reinserción social de las personas detenidas, resulta indispensable la adopción de medidas por parte de los diversos actores estatales implicados. Esta Procuración Penitenciaria reitera la importancia de que el Estado argentino avance en una reforma democrática de las instituciones de encierro que se encuadre en el respeto de los derechos humanos. 

15 de Febrero, 2017

El Procurador Penitenciario de la Nación realizó una Recomendación para que  se arbitren los medios necesarios para garantizar el acceso inmediato a los distintos niveles educativos de las personas privadas de la libertad, a fin de dar efectivo cumplimiento del derecho a la educación que les asiste.

De la información recabada por este organismo surge que, el total de las personas detenidas en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal no tienen garantizado el acceso inmediato a los niveles educativos correspondientes en cualquier momento del año.

Esta Procuración Penitenciaria Nacional a través de su historia ha puesto de manifiesto la importancia que posee garantizar el pleno  acceso a la educación por parte del colectivo de personas privadas de su libertad, apoyado en la vasta legislación nacional e internacional vigente al respecto.

Considerando que la educación constituye un derecho humano fundamental, se recomendó  que el Servicio Penitenciario Federal y los Ministerios de Educación de las distintas jurisdicciones provinciales y de la CABA, arbitren los medios necesarios para garantizar el acceso inmediato a los distintos niveles educativos de las personas privadas de la libertad, a fin de dar efectivo cumplimiento del derecho a la educación de estos. 

13 de febrero, 2017.

Tanto organizaciones privadas como organismos públicos y otros sectores que conforman el mercado laboral, exigen certificados de antecedentes penales como condición para el acceso a los puestos de trabajo que ofrecen. Ello implica que muchas  personas que han transitado una pena privativa de libertad queden fuera del mercado laboral formal, con todas las consecuencias negativas que ello implica.