2 de octubre, 2017.
El Procurador Penitenciario, Francisco Mugnolo, participó del seminario “La Gestión Integral de los Sistemas Penitenciarios a la luz de las Reglas Mandela”. El mismo se realizó el pasado jueves en la sede del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de la localidad de Mercedes.
Con el objetivo de difundir los estándares que impulsan las Reglas Mandela y promover su aplicación, se realizó la mencionada jornada que contó con el auspicio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
La apertura estuvo a cargo de Carlos Acuña, Presidente del Colegio de Magistratura y Funcionarios del Departamento Judicial de Mercedes, y Emiliano Blanco, Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal.
El Procurador participó junto al Defensor Oficial, Guillermo Todarello, del primer panel “La revisión de la Reglas Mandela y el intercambio de buenas prácticas como base para el consenso”. Francisco Mugnolo allí reflexionó sobre la importancia de la aplicación de las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, actualizadas en 2015.
Entre algunos de los principios fundamentales de las Reglas Mandela se puede mencionar que las mismas se aplicarán de forma imparcial y sin discriminación; que el sistema penitenciario no deberá agravar los sufrimientos que implican la privación de la libertad y el despojo del derecho a la autodeterminación de las personas detenidas; que todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y su valor intrínseco en cuanto seres humanos; que nadie será sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes; que se tendrán en cuenta las necesidades individuales de los reclusos, en particular de las categorías más vulnerables en el contexto penitenciario; que se deberán reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad.
Participaron del evento también distintas personalidades, entre ellas podemos mencionar a Javier Palummo, Director de Investigación y Gestión de la Información del Instituto de Políticas Públicas en DDHH en el Mercosur; Matías Garrido, Director Nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional, o Jimena Monsalve, Jueza de Ejecución Penal.
Las palabras finales estuvieron a cargo de Silvia Oyhamburu, Presidente Asociación Argentina de Justicia Terapéutica (AAJT) y Carlos Mahiques, Juez miembro de la Cámara Federal de Casación Penal.
28 de septiembre, 2017.
En el marco de las actividades del centro de prácticas pre profesionales de la carrera de Trabajo Social de la UBA que se desarrollan en esta Procuración, se concurrió el pasado viernes 22 de septiembre al tercer bloque de las XII Jornadas de Sociología - I Jornadas de Sociología en contexto de encierro en el Centro Universitario de Ezeiza. La misma tuvo como objetivo que las estudiantes tengan una primera aproximación a los establecimientos penitenciarios y al desarrollo de la educación en contexto de encierro.
Antes del comienzo de las jornadas, los estudiantes del Centro Universitario de Ezeiza/ Varones – CUE-, propusieron conocer los distintos espacios del centro y comentaron las actividades que allí desarrollan, pudiendo intercambiar los/as estudiantes sus experiencias en la cursada de la carrera de Trabajo Social, haciendo hincapié en la importancia de las prácticas pre profesionales en la formación. Luego de ello, tuvieron la oportunidad de compartir las Jornadas: “La mirada sociológica repensada a través de las condiciones de encierro. Desafíos a las nociones de ‘dentro’ y ‘fuera’; ‘sujeto’ y ‘objeto’”, organizadas por el CUE y el programa UBA XXII.
El evento fue coordinado por Carina Balladares, docente de Sociología General de UBA XXII y Sociología Sistemática en Centro Universitario San Martín-CUSAM-. Se realizó la apertura del panel para dar lugar a la presentación de los trabajos, llevada a cabo por Marcelo Langieri, coordinador de UBA XXII de la carrera de Sociología.
En el transcurso de las jornadas se expusieron tres trabajos presentados por estudiantes de Sociología y Trabajo Social relacionados a las carreras afines. El primero llamado: “Un largo camino a la educación universitaria. El Centro Universitario de Ezeiza/ Varones” presentado por Marcelino estudiante de Sociología y Trabajo Social del CUE; luego “El acceso a la educación, deserción, permanencia y transformaciones en los hábitos del estudiante del Programa UBA XXII del Centro Universitario de Varones en la cárcel de Ezeiza” expuesto por Eduardo estudiante de Sociología y Trabajo Social del CUE. Por último “Encuesta sobre condiciones de vida y características generales de la población de la Unidad 48 de José León Suarez, San Martín, Complejo Penitenciario Conurbano Norte” presentado por Antonio Sánchez y Mónica del grupo de investigación del CUSAM.
Luego de cada presentación se abrió al debate de lo expuesto, acompañado por cuatro comentaristas: Luciana Strauss (coordinadora académica de CUSaM), Natalia Lofiego (coordinadora del Programa UBA XXII de Trabajo Social), Mariana Mendoza (docente de Metodología UBA XXII) y Carolina Montera (docente de Metodología UBA XXII).
Al finalizar las ponencias se dio lugar a un plenario donde se discutió la reforma de la Ley 24.660 y las consecuencias en la educación en contextos de encierro. A modo de cierre los integrantes del taller de música del CUE realizaron una presentación musical dando por terminada las jornadas.
27 de septiembre, 2017.
El pasado 13 de septiembre del corriente año, el Procurador Penitenciario resolvió recomendar al Director de la Unidad 6 que implemente las medidas necesarias para garantizar la debida atención médica en favor de los internos alojados allí. Para ello y, en caso de corresponder, se solicitó que se adecúe la planta de personal con que cuenta el Servicio de Asistencia Médica al número de internos alojados o, de no ser posible, se adecúe la cantidad de internos a la cantidad de personal médico en funciones.
El Dr. Francisco Mugnolo solicitó también, en el mismo documento, que se considere la asignación de un cargo de planta para un profesional especialista en odontología, se disponga la asignación de personal que presta en la División Seguridad Interna para el traslado de internos al área médica de la Unidad y se concreten los planes de ampliación y reformas del referido sector. Asimismo, exhortó al titular de la Unidad para que en el plazo de treinta días informe a la Procuración Penitenciaria (PPN), los cambios acaecidos en la materia y remita copia de lo actuado.
Esta intervención se realizó debido a las falencias en la atención médica de las personas privadas de su libertad alojadas allí, las cuales fueron advertidas y registradas por la Delegación Sur.
Como un dato estadístico preocupante, se resalta que un 25% de las gestiones que se realizan ante las autoridades penitenciarias, son para solicitar atención médica. Otra cifra no menor son las llamadas telefónicas recibidas por PPN de parte de internos por cuestiones médicas, las cuales al 30 de junio fueron 325. Un tercio de estas de estas tuvieron que ser reiteradas por los detenidos dado que no fueron resueltas por el Servicio Penitenciario Federal.
El estado nacional tiene la obligación de prestar un adecuado servicio de atención médica en favor de los derechos de las personas detenidas.
A principio de Septiembre del corriente año, la población de la unidad 6 fluctuaba en torno a los 475 internos en tanto la cantidad de profesionales de la salud era de 7 médicos, lo cual resulta insuficiente para contener la demanda.
Tanto la Constitución Nacional, como la ley 24.660 de ejecución penal, numerosos documentos internacionales, las Reglas Mandela(Principio 24 y regla 25), entre otros, se refieren al derecho que tiene toda persona privada de su libertad sobre la asistencia a la salud.
En el punto número 2 de la Recomendación N°867/PPN/17el Procurador Peniteniario de la Nación resuelve poner en conocimiento del Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos; Del Señor Secretario de Justicia y Asuntos Penitenciarios; del Sr. Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal y del Sr. Director del Instituto de Seguridad y Resocialización (Unidad 6).
22 de Septiembre, 2017.
Con el objetivo general de abordar la problemática de las mujeres privadas de su libertad en el ámbito federal, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Procuración Penitenciaria de la Nación convocaron a organismos que trabajan en la materia para iniciar una agenda de trabajo articulada. Participaron también la Defensoría General de la Nación, el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.
En la mesa se validó una primera propuesta de trabajo conjunto para elaborar estrategias de intervención vinculadas a las problemáticas de las mujeres privadas de su libertad en el ámbito federal; fortalecer la coordinación y articulación inter-institucional para dar respuestas a las problemáticas de las mujeres privadas de su libertad en el ámbito federal; y elaborar un mapeo de los organismos públicos y organizaciones sociales que tienen competencia en la temática.
En este sentido, teniendo en cuenta ejes temáticos vinculados al trabajo, la salud sexual y reproductiva, los arrestos domiciliarios, capacitaciones sobre perspectiva de género y diversidad, se involucrarán nuevos espacios que trabajen particularmente esos temas para ampliar el espectro de acción e interdisciplinariedad. Se acordó trabajar sobre esta agenda teniendo presentes las problemáticas específicas de los diferentes colectivos de las personas trans, travestis y lesbianas.
Finalmente, además de acordar acciones concretas de cara a un próximo encuentro, se definió sostener la Mesa Permanente de trabajo con encuentros mensuales para avanzar en la ejecución de políticas.
Esta acción se enmarca en los objetivos y acciones de Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (2017-2019) en la Medida 21 de “Articulación interinstitucional para la detección, atención y sanción de situaciones de violencia institucional contra colectivos sobrevulnerados: mujeres en situación de encierro, mujeres de pueblos originarios, mujeres del colectivo LBTIQ, mujeres con discapacidad, mujeres con VIH, mujeres rurales”.
21 de septiembre, 2017.
El pasado 18 de Septiembre este organismo se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en carácter de “Amigo del Tribunal “a fin de poner de manifiesto su opinión en el marco de un recurso extraordinario deducido por la Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Federales de la Capital Federal, Dra. Florencia Plazas, y con el objeto que se garantice el ejercicio en forma amplia de los derechos políticos inherentes de las personas que se encuentran condenadas, por su condición de sujetos de derechos.
Esta presentación se encuentra encuadrada en una línea de trabajo abordada por esta PPN durante los últimos años, en la que a través de distintas acciones emprendidas se solicitó la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 12 y 19 inciso 2 del Código Penal, de los incisos e, f y f del Código Nacional Electoral, y la posterior modificación legislativa para poder hacer efectivo un derecho fundamental, como lo es el derecho al voto.
Este organismo refuerza de esta manera, la idea de que no existe razón alguna para excluir del padrón electoral a los sujetos condenados, sino que dicha restricción solo discrimina un colectivo vulnerado y constituye un trato discriminatorio, que vulnera principios consagrados en el orden internacional.
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Notas relacionadas:
Derecho al voto de las personas privadas de libertad
La lucha por los derechos políticos de las personas privadas de libertad
Derecho al voto de los condenados
15 de Septiembre, 2017.
El pasado miércoles el Procurador Penitenciario se reunió con el Presidente del Congreso Mundial de Mediación, Dr. Jorge Pesqueira Leal con motivo de participar en el próximo Congreso Mundial de Mediación a realizarse en Argentina 2018.
En el encuentro estuvieron presentes Alejandro Nató (referente del área de gestión de conflictos de la Defensoría del Pueblo de la Nación) y Germán Bauche (Defensor general del Departamento de Lomas de Zamora), el Lic. Juan Carlos Vezulla y la Dra. Patricia Arechaga.
Asimismo de la PPN participaron la Coordinadora General del proyecto “Marcos de Paz”, Dra. Mariana Volpi y el Jefe de la Oficina de la Promoción de la Prevención de la Tortura, Dr. Alberto Volpi, quien es el Secretario Ejecutivo del mencionado proyecto.
Este año el mencionado congreso que se realiza en Dakar, Senegal, tiene entre otros objetivos “revisar los avances que en cada uno de los continentes ha tenido la mediación como técnica para despresurizar los conflictos gestionados ante instituciones públicas e Identificar el desarrollo de la mediación como método que produce cambios en las personas y las empodera para abordar creativamente los conflictos”.