14 de septiembre, 2017
Una preocupante descripción de la situación actual en los centros de detención federales.
El área de Salud Mental de la Procuración Penitenciaria de la Nación realizó durante los dos últimos años relevamientos sobre la práctica en salud mental que lleva adelante la agencia penitenciaria con las personas privadas de su libertad.
De dichas observaciones se desprende que los estándares con los que trabaja el Servicio Penitenciario Federal no se ajustan a lo que establece la Ley Nacional de Salud Mental, lo cual conlleva a diferentes vulneraciones de derechos. En este sentido, la Procuración Penitenciaria realizó un informe denominado“Buenas Prácticas en salud Mental en contextos de encierro”
En el documento se denuncian varias problemáticas observadas como lo es la circulación desregulada de psicofármacos, el abordaje de la salud mental centrado en el aspecto psico-farmacológico, la dirección de estos establecimientos a manos de funcionarios penitenciarios sin especialización en el campo de la salud mental y no de profesionales de la Salud Mental, la disminución en la dotación de profesionales y las deficientes condiciones edilicias y recursos materiales.
Se resaltan también como puntos preocupantes la desarticulación del Programa de Prevención de Suicidios (PPS), la utilización de medidas de sujeción (medidas de contención física mecánica) y la imposibilidad de una correcta continuidad de los abordajes en salud mental frente a los traslados.
Finalmente, se plasman en el documento consideraciones para establecer un piso mínimo de buenas prácticas en Salud Mental en contextos de encierro. La recomendación de implementar estrategias que tiendan a reducir la prescripción de psicofármacos como una respuesta asistencial habitual para “Acallar” los efectos subjetivos del encierro, la afirmación de que los dispositivos de abordaje de las adicciones denominados CRD pasen a la órbita de la Dirección de Sanidad y la diligente ampliación de los cupos en dichos dispositivos, son algunas pautas que promueve el presente trabajo.
14 de septiembre, 2017
Imagen: APT web
Durante el mes de Agosto, la Asociación para la Prevención de la Tortura(APT) y el Centro para los Derechos Humanos de la Universidad de Bristol realizaron unas jornadas sobre el “monitoreo de la detención, aplicando las Reglas de Nelson Mandela de la ONU”.
El contenido fue diseñado para profesionales del ámbito de la prevención de la tortura y tuvo como objetivo principal abordar aspectos específicos de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos,revisadas en 2015.
La coordinadora de trabajo con población sobrevulnerada, Dra Mariana Lauro, representó a la Procuración Penitenciaria de la Nación en el encuentro. Al entrenamiento, de una semana de duración, asistieron representantes de Mecanismos Nacionales de Prevención de 17 países, así como otros expertos y expertas en el campo del monitoreo de la detención y corrección.
13 de Septiembre, 2017.
Ariel Cejas Meliare, Director General de Protección de DDHH, y Rodrigo Borda, Subdirector Legal y Contencioso Penal, mantuvieron una serie de reuniones con los distintos poderes de la provincia de Tucumán.
Estos encuentros se enmarcan en la constatación de las serias violaciones a los derechos fundamentales de las personas detenidas que fueron registradas durante las recorridas realizadas en los penales tucumanos a mediados del mes de agosto pasado.
En este sentido, se realizaron reuniones con la Secretaria de Derechos Humanos, Érica Brunotto, y con el Subsecretario de Seguridad Ciudadana, Cesar Nieva. También con el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y vocal de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la mencionada provincia, Fernando Valdez.
Asimismo mantuvieron audiencia con el Presidente de la Corte Suprema tucumana, Dr. Antonio Gandur, y con miembros de la Cámara Federal donde tuvieron la oportunidad de entregar recomendaciones para reducir la grave situación carcelaria en las unidades provinciales.
12 de Septiembre, 2017.
El pasado martes 5 de septiembre se realizó la jornada “El impacto de las políticas prohibicionistas de drogas: la guerra contra las mujeres” con la finalidad de reconocer la problemática de las políticas de drogas y encarcelamiento que sufren las mujeres en Latinoamérica.
El encuentro fue organizado por la PPN y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES); y contó con el auspicio de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la International Drug Policy Consortium (IDPC).
El evento fue inaugurado por el Procurador Penitenciario quien remarcó la importancia de dar el debate sobre este tipo de adversidades que sufren las mujeres que se refleja un crecimiento exponencial de la prisionización .
Los paneles estuvieron integrados por expertas/os reconocidas/os de la región y representantes de organizaciones nacionales referentes en la materia. Luciana Boiteux (Río de Janeiro), Vanina Escales (Ni una menos) y Ana Jacome (Ecuador) comentaron las realidades de sus países y las recientes investigaciones que dan cuenta del impacto específico de las políticas de drogas. Además remarcaron la capacidad de transformación y organización de los movimientos feministas no punitivistas, Por otra parte, Raquel Asensio (Defensoría General de la Nación), Mariano Fusero (Asociación Pensamiento Penal) y Victoria Darradoiu (Cels) presentaron los datos a nivel federal y nacional, dando cuenta del incremento de la criminalización de personas por este tipo de delitos y de la necesidad imperiosa de contar un diagnóstico integral con perspectiva de género. Por último, Ernesto Cortes( costa Rica), Alejandro Corda (Intercambios) y Gabriela Olivera (Uruguay) expusieron distintas políticas innovadoras de la región que muestran caminos posibles a seguir.
Esta actividad se enmarcó en el programa "visibilización del impacto de las políticas de drogas " creado recientemente por la Procuración. El organismo cuenta con un equipo de trabajo específico de género y diversidad sexual que desde hace años viene dando cuenta de la gravedad del problema. En ese contexto, la Procuración creó un programa específico a fin de poder realizar una lectura crítica más profunda que permita transversalizar el fenómeno y procurar diagnósticos y posibles estrategias que reduzcan el encarcelamiento de mujeres
11 de septiembre, 2017
De institutos de menores a centros de régimen cerrado. Continuidades y rupturas de un sistema
Con el propósito de realizar un diagnóstico general y de contar con información pública confiable sobre el eslabón más joven de la población encarcelada en la Argentina, la PPN diseñó y aplicó el primer Censo de Niños Niñas y Adolescentes Privados de Libertad en Centros de Régimen Cerrado, que junto con las entrevistas semidirigidas a autoridades, operadores y personal de seguridad de los centros y con los informes de condiciones materiales de los institutos, pretende brindar un panorama general de las condiciones de vida de los adolescentes que viven en esos Centros
En el marco de dichas actividades -que desarrollaron diferentes equipos del organismo-; se ha sistematizado, procesado y analizado la información recaba a lo largo de la segunda mitad del año 2016.
El diagnóstico es resultado de un análisis de primera aproximación pues al ser el mundo de los NNyA privados de libertad un ámbito caracterizado por el secretismo y la inaccesibilidad, no hay antecedentes que cuenten con datos rigurosos y confiables que den cuenta de la real situación que atraviesa dicho colectivo.
El objetivo de la PPN es favorecer el acceso y difusión de la situación que viven los NNyA en conflicto con la ley penal, dotándola de la mayor publicidad posible.
La extensión de la información recabada como así también los diferentes emergentes y problemáticas detectadas, requieren de futuras líneas de acción respecto del colectivo de NNyA que esta PPN se encuentra realizando y que servirán para actualizar la información que se desarrolla en este informe diagnóstico.
Es momento de materializar el monitoreo como un derecho de los niños y adolescentes detenidos.
7 de septiembre, 2017
Con la publicación de este nuevo informe anual 2016 del Registro Nacional de Casos de Tortura (RNCT) se cumplen 6 años desde su creación y puesta en funcionamiento. Los desafíos que se asumieron por parte de las tres instituciones que impulsaron su constitución y sostuvieron durante estos años la labor del Registro fueron varios y relevantes en el marco de la defensa de los derechos humanos de las personas que selectiva y discrecionalmente son capturadas por las distintas agencias del sistema penal.
En este sentido, este registro se inscribe en el marco de una política central de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) conjuntamente con el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos(GESPyDH) de la UBA, en cuanto al compromiso de producir información tanto en el contexto de la intervención como aquella que emerge y se analiza en base a relevamientos, estudios temáticos y proyectos de investigación.
Durante estos seis años asumió un nuevo desafío que se presentaba en las entrevistas y los relevamientos como una tarea trascendente para la ampliación de las matrices de abordaje y análisis de la cuestión del gobierno penal de la pobreza, clientela principal del sistema penal: las prácticas de las policías (federal, metropolitana y bonaerense) y también las diversas otras agencias de seguridad que ejercen funciones de policiamiento a través de planes de saturación en el espacio urbano (gendarmería, prefectura, policía aeroportuaria, guarias urbanas, policías locales, etc.).
Así, se creó en el año 2014 (consolidándose en el 2015 como un registro autónomo dentro del RNCT), el Registro de casos de malos tratos y torturas policiales, atendiendo al relevamiento de estos hechos producidos tanto en las aprehensiones, como en los traslados y los alojamientos en comisarías y otras dependencias de las fuerzas.
De esta forma el Registro permitió avanzar sobre la “cuestión de la tortura” adquiriendo mayor densidad descriptiva pero también mayor extensión territorial e institucional, dando cuenta en la actualidad del Registro de casos en cárceles y otros centros de detención y del Registro de casos de policía en tanto producto de este recorrido, haciendo visibles estas prácticas como parte de los mecanismos extendidos de gobierno de los sectores sociales más desposeídos que constituyen la clientela “privilegiada” del sistema penal.
La dimensión estatal-gubernamental en materia de violación a los derechos humanos que este trayecto del Registro pone en relevancia implica un cuestionamiento a su ejercicio extendido y sistemático dentro del orden constitucional contemporáneo.
La tortura en el sistema penal argentino constituye un elemento estructural, extendido y persistente. El aporte del Registro a su relevamiento, descripción e interpretación resulta un elemento central y sostenido por años de trabajo como parte de la política institucional de la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires.