7 de septiembre, 2017
Con la publicación de este nuevo informe anual 2016 del Registro Nacional de Casos de Tortura (RNCT) se cumplen 6 años desde su creación y puesta en funcionamiento. Los desafíos que se asumieron por parte de las tres instituciones que impulsaron su constitución y sostuvieron durante estos años la labor del Registro fueron varios y relevantes en el marco de la defensa de los derechos humanos de las personas que selectiva y discrecionalmente son capturadas por las distintas agencias del sistema penal.
En este sentido, este registro se inscribe en el marco de una política central de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) conjuntamente con el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos(GESPyDH) de la UBA, en cuanto al compromiso de producir información tanto en el contexto de la intervención como aquella que emerge y se analiza en base a relevamientos, estudios temáticos y proyectos de investigación.
Durante estos seis años asumió un nuevo desafío que se presentaba en las entrevistas y los relevamientos como una tarea trascendente para la ampliación de las matrices de abordaje y análisis de la cuestión del gobierno penal de la pobreza, clientela principal del sistema penal: las prácticas de las policías (federal, metropolitana y bonaerense) y también las diversas otras agencias de seguridad que ejercen funciones de policiamiento a través de planes de saturación en el espacio urbano (gendarmería, prefectura, policía aeroportuaria, guarias urbanas, policías locales, etc.).
Así, se creó en el año 2014 (consolidándose en el 2015 como un registro autónomo dentro del RNCT), el Registro de casos de malos tratos y torturas policiales, atendiendo al relevamiento de estos hechos producidos tanto en las aprehensiones, como en los traslados y los alojamientos en comisarías y otras dependencias de las fuerzas.
De esta forma el Registro permitió avanzar sobre la “cuestión de la tortura” adquiriendo mayor densidad descriptiva pero también mayor extensión territorial e institucional, dando cuenta en la actualidad del Registro de casos en cárceles y otros centros de detención y del Registro de casos de policía en tanto producto de este recorrido, haciendo visibles estas prácticas como parte de los mecanismos extendidos de gobierno de los sectores sociales más desposeídos que constituyen la clientela “privilegiada” del sistema penal.
La dimensión estatal-gubernamental en materia de violación a los derechos humanos que este trayecto del Registro pone en relevancia implica un cuestionamiento a su ejercicio extendido y sistemático dentro del orden constitucional contemporáneo.
La tortura en el sistema penal argentino constituye un elemento estructural, extendido y persistente. El aporte del Registro a su relevamiento, descripción e interpretación resulta un elemento central y sostenido por años de trabajo como parte de la política institucional de la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires.