22 de octubre, 2018.

El aumento de la población privada de su libertad: un crecimiento absoluto y relativo. 

La reciente publicación de las últimas estadísticas penitenciarias oficiales describe un panorama alarmante en materia de encarcelamiento en Argentina. De acuerdo con el Informe Anual 2017 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) producido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, hay 85.283 personas privadas de libertad, cifra que asciende a más de 92.000 al incluir a los presos y presas en comisarías ubicadas en algunas provincias (con ausencia de datos de Corrientes y San Luis).

Al tomar sólo el universo de personas encarceladas en instituciones penitenciarias se observa un crecimiento del 12% en relación al año anterior: en 2017 había 9022 detenidos y detenidas más que en 2016.

Además de este aumento en las cifras absolutas, si el objetivo es dimensionar el uso de la prisión en un país o región es necesario observar la tasa de encarcelamiento. Durante la última década (2007 – 2016) la tasa de encarcelamiento mantuvo un incremento constante año tras año, con una media de crecimiento del 3% anual. Esto significa que cada año se encarcelaba, en promedio, un 3% más que el período previo. Sin embargo, en 2017 se produjo un aumento abrupto en la tendencia. En tan solo un año el uso de la prisión creció un 11% en relación al anterior, llegando a las 194 personas presas cada 100.000 habitantes. Al agregar a quienes se encuentran en comisarías, el número supera las 209 personas. Esta variación indica una significativa intensificación punitiva en un breve lapso de tiempo.

 

El uso sistemático de la prisión preventiva como una característica estructural del sistema penitenciario argentino

Desde los orígenes del sistema penitenciario local y su registro estadístico, aproximadamente la mitad de la población privada de su libertad se encuentra sin condena firme. En la actualidad, por segundo año consecutivo los presos y presas con condena superan, por un margen mínimo, a quienes se encuentran bajo prisión preventiva. Las personas condenadas fueron el 51,6% en 2016 y el 54,4% en 2017.

La información publicada nos permite esbozar algunas lecturas.  En primer lugar, la misma se produce en un contexto de inflación penitenciaria en el que aumentó la cantidad de personas presas tanto en carácter preventivo como condenado. En 2017 hay 1941 presos preventivos más que en el año anterior y 7.032 condenados más. La reducción del porcentaje de presos preventivos sería una buena noticia en un contexto de disminución o al menos de estabilidad de la población reclusa. Pero no lo es en un marco de gran incremento, pues lo cierto es que a diciembre de 2017 la cantidad de personas encarceladas preventivamente en la Argentina se incrementó con respecto al año anterior.

En otro orden, el actual porcentaje de presos procesados continúa evidenciando el deficiente funcionamiento del sistema penal. Argentina presenta cifras muy elevadas en comparación con EEUU o el promedio de países europeos, en donde los detenidos preventivos son el 20% de los presos. A nivel regional, también se distancia de otros países como Brasil, Colombia o Chile que poseen alrededor de un tercio su población reclusa sin condena.

 

Pero además, es posible estimar que la situación es más grave que la informada. Los datos oficiales no computan a los alojados y alojadas en comisarías que muy probablemente estén presos de modo preventivo. Por ende, a los 38315 alojados sin condena firme se le debe adicionar una buena parte de las -al menos- 6878 personas privadas de su libertad en centros no penitenciarios del país. De modo que -en ausencia de datos oficiales al respecto- cabe conjeturar que el porcentaje de presos preventivos en Argentina sigue siendo muy cercano al 50%.

 

La persecución de los eslabones más débiles del narcotráfico y su impacto en las cifras penitenciarias

Durante los últimos dos años los delitos de drogas ocuparon el segundo lugar de cantidad de personas encarceladas. Luego de los robos y sus tentativas, las infracciones a la ley Nº 23.737 representaron para 2017 el 14,3% de los delitos imputados a las personas presas. Con un uso generalizado de la prisión preventiva, sólo 3930 personas (38,6%) de las 10.176 personas acusadas de la comisión de al menos un delito relacionado con estupefacientes, tiene condena firme. De ese total 2038 son primarios, es decir, personas que no tenían sanciones penales previas.

No sólo queda expuesto el uso excesivo de la prisión cautelar ante este tipo de delitos de escasa o nula violencia, sino que resulta preocupante que la persecución del sistema penal persista centrándose de forma casi exclusiva en los eslabones más débiles de las redes de narcotráfico. Considerando que la condena promedio no supera los seis años, es posible derivar que las personas presas lo están por actividades como microtráfico, transporte y/o comercialización de drogas al menudeo.

En definitiva, la propia información oficial permite sostener que las actuales estrategias de lucha contra el narcotráfico, lejos de ocuparse de la desactivación de las grandes redes narco criminales, continúan criminalizando a los sectores sociales de mayor vulnerabilidad socio económica.

 

En resumen

El análisis detallado de la información oficial en materia penitenciaria arroja un panorama acuciante. Junto al incesante aumento del encarcelamiento, se produjo un empeoramiento del hacinamiento, ya que no hay plazas carcelarias para dar respuesta al aumento desmedido del poder punitivo. La sobrepoblación declarada alcanzó un 15,2% a nivel nacional, índice que en algunas jurisdicciones como la Provincia de Buenos Aires trepa al 30%.

La Procuración Penitenciaria expresa su profunda preocupación respecto del impacto que el aumento del encarcelamiento tiene y tendrá en términos de gestión de las prisiones y, fundamentalmente, sobre la vida de las miles de personas que se encuentran hoy en día en las cárceles argentinas. El incremento de la población reclusa no conduce a mayor seguridad, sino que por el contrario genera más vulnerabilidad y exclusión social de las personas en contexto de encierro y sus núcleos familiares.