08 de Mayo, 2020.
Hace 7 años se sancionó y promulgó la ley 26.811 para conmemorar el día nacional de la lucha contra la violencia institucional. La fecha fue seleccionada para recordar la masacre de Budge, en la cual tres jóvenes fueron asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense en 1987.
La violencia institucional es aquella que se produce por parte de funcionarios/as pertenecientes a la fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y trabajadores de la salud en contextos de restricción de libertad ambulatoria.
Desde su creación, la Procuración Penitenciaria de la Nación tiene como objetivo fundacional la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el ámbito federal, ya sean cárceles o centros de detención no penitenciarios.
Los ejes de trabajo más destacables del organismo están relacionados con la sobrepoblación carcelaria, los fallecimientos en prisión y los casos de tortura y malos tratos. El abordaje de estas problemáticas estructurales de las cárceles argentinas se realiza a través de monitoreos permanentes, entrevistas con personas detenidas, recomendaciones a las autoridades y de elaboración de informes periódicos tales como los boletines estadísticos y los informes anuales, entre otras tantas acciones.
Como un abordaje innovador en la lucha contra la tortura, en el año 2007 la Procuración Penitenciaria de la Nación estableció un Protocolo de actuación para la investigación de los casos de tortura y/o malos tratos que llegan a su conocimiento en base a los principios y criterios del Protocolo de Estambul, el cual comenzó a aplicarse a partir del día 1º de octubre de dicho año en los lugares de detención de la ciudad de Buenos Aires y su radio metropolitano, habiéndose extendido posteriormente a todas las cárceles federales.
Asimismo, en el año 2013 se creó el Registro Nacional de Casos de Torturas y/o Malos Tratos del cual forma parte la PPN, el Comité contra la Tortura (CCT) de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Cabe mencionar también que desde el 28 de diciembre de 2017, el Procurador Penitenciario de la Nación es Comisionado del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), un organismo de monitoreo, control y seguimiento de los lugares donde se encuentran personas en situaciones de encierro.
Las problemáticas estructurales históricas, sumadas a la actual situación de emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19 han generado mayores conflictos en las cárceles del país que se vieron reflejados en reclamos de las personas privadas de libertad.
Por ello, en este día la Procuración Penitenciaria de la Nación renueva su compromiso en la lucha contra todo tipo de violencia institucional y continúa trabajando arduamente para erradicar las distintas violencias que acontecen en contextos de encierro.