17 de Julio, 2020
La Procuración Penitenciaria de la Nación presenta el nuevo informe sobre la situación de las personas privadas de la libertad ante la actual emergencia sanitaria. El documento indica los motivos del relativo descenso de la población privada de libertad y contabiliza 120 casos positivos al cierre del mismo.
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El ingreso del COVID-19 a las prisiones y otros espacios de encierro constituye un enorme riesgo sanitario debido a que se trata de espacios en donde las medidas de bioseguridad y de distanciamiento social son de difícil cumplimiento. El hacinamiento y las deficitarias condiciones materiales, higiénicas y sanitarias son características estructurales de las cárceles latinoamericanas, lo que fue alertado por diversos organismos internacionales que emitieron recomendaciones para reducir los niveles de sobreocupación y evitar el contagio masivo en estos espacios.
Mientras que en otros países la reducción de la población encarcelada fue consecuencia de la intervención de los distintos poderes del estado, en Argentina la decisión sobre el egreso de personas del sistema penitenciario quedó en manos del Poder Judicial. En este contexto, los datos indican que, hasta mayo, habían egresado de las cárceles federales 2185 personas, de las cuales 735 lo hicieron debido a la concesión de arrestos domiciliarios que, en la mayoría de los casos, sustituyeron el encierro de quienes se encontraban privados de libertad acusados/as y/o condenados/as por delitos de drogas. El impacto de la reducción del encarcelamiento fue mayor en algunos colectivos vulnerables en particular, como el caso de las mujeres, en particular las embarazadas y aquellas alojadas con sus hijos/as.
El relativo descenso de la población privada de libertad en las unidades federales producido en el marco de la pandemia debe analizarse considerando múltiples factores. En primer lugar, el mencionado aumento de los egresos de personas que componen los grupos de riesgo y/o que se encontraban detenidas por delitos de escala o nula violencia. Pero también resalta la reducción de los nuevos ingresos debido a las resoluciones penitenciarias que así lo prohíben respecto de las alcaidías, -que funcionan como la puerta de entrada al SPF y que produjo un aumento de la cantidad de personas y del tiempo de permanencia en comisarías y otros centros no penitenciario-. Hasta junio, había más de 300 personas alojadas en espacios de detención dependientes de la Policía de la CABA.
Desde el comienzo de la pandemia, el sistema federal ha sido permanentemente monitoreado por los distintos equipos territoriales de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación. A partir de la información resultante de este trabajo y los datos publicados por el SPF, el Equipo de Estadística y Bases de Datos del Observatorio de Cárceles Federales de la PPN ha elaborado un nuevo reporte estadístico para actualizar y ampliar la información sobre diversas dimensiones significativas acerca de lo que ha ocurrido en las cárceles federales a lo largo de estos meses de emergencia sanitaria.