26 de Noviembre, 2020.
El miércoles 25 de noviembre la PPN presentó la investigación “La atención a la salud en las cárceles federales. Percepciones de las personas detenidas, diagnóstico y recomendaciones", un trabajo realizado durante 2019 con el apoyo del Fondo Especial del OPCAT.
Con el objetivo de relevar el funcionamiento y las deficiencias del sistema de salud en cárceles federales, durante 2019 la PPN realizó un estudio diagnóstico que incorpora las experiencias de las personas privadas de libertad sobre el acceso a la salud. En el encuentro de presentación del informe, integrantes de la Procuración Penitenciaria dieron un diagnóstico sobre el funcionamiento del sistema de salud en prisión y presentaron recomendaciones para la planificación de políticas públicas que mejoren la situación deficitaria en contexto de encierro.
Andrea Triolo, Directora General de Protección de DDHH, expuso los lineamientos generales del proyecto y presentó algunas de las conclusiones de la investigación a la luz del contexto actual. Señaló que la ausencia de controles médicos de rutina a las personas privadas de la libertad (PPL), y la desinformación sobre su salud y los resultados de los estudios que se les realizan, fueron cuestiones relevadas que se vieron con más fuerza durante la pandemia. Destacó el involucramiento del Ministerio de Salud desde marzo de 2020 y señaló la necesidad de que se avance en esta dirección.
Marta Monclús Masó, Directora del Observatorio de Cárceles Federales, señaló que el 60% de las personas privadas de libertad se autoperciben enfermas y que un 31% de las personas entrevistadas indicó que esa enfermedad fue adquirida en el encierro. Además, resaltó las implicancias de que los médicos dependan de la estructura del SPF: “esto repercute en términos de confidencialidad, y en sus evaluaciones de las condiciones de detención o de las denuncias de mal trato y tortura”. Señaló que la dependencia funcional del SPF expone a los médicos a una doble lealtad, porque tienen el deber de promover la salud de las personas privadas de libertad mientras responden a una estructura jerárquica en la que sus jefes tienen la misión primordial de garantizar la custodia y seguridad.
Silvina Arrossi, investigadora del CONICET y del CEDES, fue consultora de la investigación y comentarista en el encuentro. Señaló que es necesario garantizar la atención en las cárceles no sólo por los derechos de las personas detenidas, sino también por la salud de la sociedad en general. Destacó que el informe pone de manifiesto que mejorar la salud en las cárceles requiere un consenso explícito por parte de las autoridades.
Por su parte, Carmen Comas-Mata, integrante del SPT de la ONU, señaló que los parámetros internacionales deben ser la base del trato a las personas detenidas y que las Reglas Mandela sostienen que las personas privadas de libertad deben tener la misma atención a la salud que en el medio libre. Resaltó que como primer paso, la atención a la salud en prisión debe depender del sistema de salud.
Jan Jarab, Representante de la oficina en América del Sur de la ACNUDH, destacó la necesidad de que el personal médico esté familiarizado con el Protocolo de Estambul, y resaltó el desafío de la relación de confidencialidad médico-paciente mientras el personal dependa de la estructura del SPF. Asimismo, dijo que este estudio es un importante aporte a la cuestión de temas estructurales que requieren una solución inmediata.
El cierre del evento estuvo a cargo del Procurador Penitenciario, Francisco Mugnolo, quien destacó que esta investigación y las recomendaciones que se presentan tienen el propósito de hacer un aporte para el diseño de políticas públicas. “Así como la educación en las cárceles de la Argentina hace unos años pasó a depender del Ministerio de Educación, la PPN considera que ahora es momento de que la salud en las cárceles pase a depender del Ministerio de Salud de la Nación”. Por último, agradeció el apoyo del Fondo del Protocolo Facultativo del Convenio contra la Tortura de Naciones Unidas, y señaló el reconocimiento que implicó a la trayectoria de la PPN.
Sobre el trabajo presentado
La investigación relevó las percepciones de las personas privadas de libertad (PPL) sobre la atención médica al interior del sistema carcelario y la evolución de su salud en el encierro. El objetivo fue producir información que permita evaluar los procesos de salud-enfermedad, las condiciones sanitarias y la calidad de la atención a la salud en los Complejos Penitenciarios I y IV del SPF desde una perspectiva de derechos humanos.
A partir de este trabajo se buscó además generar insumos para el diseño de políticas públicas que mejoren la atención médica en prisión, y aportar a la construcción de indicadores y herramientas para el monitoreo sobre la atención a la salud en el encierro, un campo todavía poco desarrollado en Argentina y en la región.
Los problemas que se identifican en este estudio dan cuenta de deficiencias estructurales de la gestión de la salud en el encierro y de la necesidad de que se implementen políticas públicas orientadas a promover mejoras en la atención a la salud de las personas presas. A su vez, la información relevada confirma la necesidad de que el Área de Sanidad se independice del Servicio Penitenciario Federal y esté bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación.
Una de las principales conclusiones a la que arribó la investigación señala que la dependencia funcional del sistema de salud dentro del SPF aparece como una traba institucional central para la posibilidad de contar con un sistema de salud respetuoso de los derechos de las PPL. El ejemplo más claro es la doble lealtad a la que se encuentran expuestos los médicos ante los casos de malos tratos y tortura y otras situaciones en que están en juego los derechos de las personas detenidas por las formas de gestión del SPF.
Otra cuestión general que remarca son las graves deficiencias en la gestión cotidiana de la salud en el encierro, y esto se combina con malas condiciones de trabajo del personal de salud, y en especial, falta de formación, seguimiento y capacitación específica respecto del trabajo que realizan en contexto de encierro.
Adicionalmente, la deficiencia en los programas y tratamientos en materia de salud mental es una cuestión central que queda en evidencia en el informe. Cabe señalar la falta de espacios terapéuticos sostenidos, con consultas extendidas y en las condiciones necesarias. Si bien en algunos casos se advierten buenas evaluaciones de la relación con los psicólogos, los espacios de consultas son muy breves e inestables
La investigación presenta un listado de recomendaciones y sugerencias que surgen del estudio, con el objetivo de promover un sistema de atención a la salud en prisión compatible con el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Este trabajo fue realizado con el apoyo del Fondo Especial del OPCAT en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de los MNP de Argentina en el monitoreo de los sistemas de salud en el encierro”.