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20 de Abril, 2021.

El Procurador Penitenciario Adjunto Interino, Ariel Cejas Meliare y la responsable de área Colectivos Vulnerables en Prisión, Mariana Lauro, expusieron la opinión de la PPN ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 141° Período Ordinario de Sesiones.

Ariel Cejas Meliare y Mariana Lauro participaron este mediodía de una audiencia en el marco de la solicitud de opinión consultiva presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) referida a “Enfoques diferenciados en materia de Personas Privadas de Libertad”, de conformidad con el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Habiéndose abierto la posibilidad de presentar opiniones escritas sobre los puntos sometidos a consulta por parte de los Estado miembros, por órganos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), organismos internacionales, asociaciones internacionales y organismos estatales, organizaciones no gubernamentales y asociaciones nacionales, instituciones académicas e individuos de la sociedad civil; la Procuración Penitenciaria de la Nación decidió hacer las propias en noviembre de 2020

Entre sus expositores, participaron de manera virtual asociaciones internacionales y organismos estatales entre los que se sumó la PPN.

El Procurador Penitenciario Adjunto Interino, Ariel Cejas Meliare, Inició el discurso dando un panorama de las competencias del organismo y sus funciones como mecanismo de prevención de la tortura. Marcó la importante trayectoria de la Procuración Penitenciaria desde hace más de 25 años siendo el único organismo en el monitoreo diario de lugares de encierro de personas a cargo de la Justicia Nacional. Ello en ejercicio de su misión de protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad establecida por ley 25875 y fortalecida por la Ley 26.827.

Seguidamente, dio a conocer que el organismo se divide en grupos temáticos que abordan diferentes problemáticas como ser el área de Colectivos Sobrevulnerados que cuenta con un Equipo específico de Género y Diversidad Sexual por medio del cual aborda, detecta y visibiliza los procesos de criminalización y la situación de encarcelamiento que experimentan las mujeres y el colectivo LGBT. Lo consideró fundamental y, a su vez, afirmó que es “un valor agregado a la labor de los órganos de monitoreo, así como también ha sido recuperado como una buena práctica por parte de organismos internacionales y nacionales”.

En la ponencia hizo una señalización respecto a que el trabajo en equipos temáticos contempla “la diversidad y multiplicidad de identidades existentes, procurando desarticular prejuicios, [dando cuenta] de las características de la mayor invisibilidad que padecen y en base a ello proponer estrategias particularizadas de intervención.”

Concluyó haciendo hincapié que se han realizado avances sustantivos en sus enfoques considerando las características particulares de los colectivos monitoreados y se han logrado también una fuerte articulación con otras instituciones y organismos gubernamentales con los cuales se abordan problemáticas estructurales que hacen al encierro de colectivos vulnerados, así como el trabajo de seguimiento frente a casos particulares.

Por su parte, la responsable de Colectivos Vulnerables en Prisión, Mariana Lauro, introdujo el panorama legislativo nacional pasando por la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos donde desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley 26.485, reglamentada por el Decreto 1011/2010) que supone la conformación de un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres; continuando por la Ley 26.618 que reconoce el derecho al matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo; la ley 26.743 de Identidad de Género; y, por último, la Ley 25.929 sobre Parto Humanizado y su decreto reglamentario N° 2035/2015.

La disertante indicó que a pesar que el Estado Argentino adecúo la normativa interna a los estándares internacionales sobre prevención de la violencia contra las mujeres y personas LGTB+, “aún se detectan discrecionalidades en el efectivo cumplimiento del mismo, así como también, continúan evidenciándose prácticas discriminatorias por cuestiones de género”, como ser: la falta de enfoque de género en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad; la inexistencia de una política de género integral en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) que ponga de manifiesto las distintas implicancias que tiene el encarcelamiento en las diferentes identidades, desconociendo así el impacto diferenciado; la invisibilización de las mujeres y personas LGBT+ en la atención a sus necesidades; el acceso dificultoso y restringido a las medidas alternativas a la privación de la libertad por parte de las personas gestantes y/o con hijos e hijas a cargo menores de 5 años; violencia obstétrica donde se hace alusión a la investigación “Parí como una condenada, experiencias de violencia obstétrica de mujeres privadas de libertad”; las afectaciones a los derechos laborales entre las cuales se puede mencionar la falta de cobro de asignaciones familiares de seguridad social; la política penitenciaria en materia de diversidad continúa sostenida en un sistema clasificatorio y estereotipado impidiendo el desarrollo de diversas experiencias y subjetividades: como la ausencia de información estadística que propende a una mayor invisibilización, dificultades en determinar el alojamiento y hechos de violencia institucional contra la población LGBTI.

La posibilidad de contar con este espacio de expresión da lugar a que la PPN lleve realidad carcelaria de mujeres y de personas LGBT+ en su día a día y que, por más adecuación legislativa, que es necesaria, la ausencia de políticas públicas que acompañen esos avances apareja un desequilibrio en cuestiones de acceso a derechos, más en contexto de encierro.

La audiencia pública sobre la solicitud de opinión consultiva oc-29 presentada por la comisión interamericana de derechos humanos se lleva a cabo entre los días 19 y22 de abril.