10 de Octubre, 2022.
Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, fecha impulsada por la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH) con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para este año se estableció como lema de la campaña: "Hacer de la salud mental y el bienestar para todos, una prioridad mundial".
La Procuración Penitenciaria de la Nación concibe a la salud mental como un proceso dinámico que contempla el contexto social -el régimen del encierro y el trato- y privilegia la idea de cuidado y mejoramiento que se enmarca en un enfoque de derechos con perspectiva de género. En este sentido, durante el año en curso se recomendó el cese de prácticas como las internaciones involuntarias y de medicalización ante lo disruptivo que, pese a ser propuestos como tales, en nada tenían que ver con la salud mental y el bienestar de las mujeres en prisión. Este tipo de prácticas deberían cesar ante lo disruptivo ya que no acompañan o propician la escucha de los asuntos personales y en muchos casos va en un sentido de un redoblamiento de la modalidad tóxica.
El acceso a la atención de la salud mental es un punto nodal que muchas veces es obstaculizado en la cárcel mediante diversas barreras. Algunas de ellas son las asociadas a lógicas disciplinarias del régimen penitenciario, a las audiencias a demanda, al déficit en la dotación de los equipos tratantes, a la falta de espacios para la atención que guarden condiciones de confidencialidad y, lo más preocupante, al estatuto cuantificable que se les otorga en el programa de tratamiento individual y los objetivos psicológicos lo cual termina desvirtuando cualquier abordaje.
La PPN trabaja de modo sostenido sobre las distintas aristas concernientes a la temática y el respeto de los derechos en contexto de encierro. En este sentido, hay que señalar que en los centros transitorios de detención las personas suelen permanecer alojadas durante un tiempo prolongado sin condiciones materiales acordes y sin equipos tratantes de salud mental que aborden las diferentes necesidades y problemáticas que surgen. El acceso a este tipo de atención responde a un paradigma biomédico no acorde con los postulados de la Ley Nacional de Salud Mental. Muchas veces los detenidos son trasladados a hospitales de la zona o monovalentes donde, sin bajarlos en muchas ocasiones del móvil policial, se los diagnostica y prescribe un plan psicofarmacológico.
Advertimos también que se reiteran las problemáticas vinculadas a la vulneración psicosocial preexistente a las detenciones, muchas veces por delitos in fraganti, que incluyen situaciones de consumos, antecedentes de internaciones en dispositivos de salud mental y/o situaciones precarias de vida en el medio libre.
Hacer de la salud mental un bien para todos debe correlacionarse con políticas públicas de no criminalización de la pobreza ni de las problemáticas ligadas a la salud mental, como son las asociadas principalmente a los consumos problemáticos, tal como establece la ley.