29 de enero, 2014.
En la que constituye una de las causas más emblemáticas en las que litiga este organismo en calidad de querellante, la cual tramita bajo el número 4831 ante el Juzgado Federal n° 2, Secretaría n° 6 de Morón, provincia de Buenos Aires, recientemente se ha dispuesto la clausura de la instrucción y la elevación a juicio respecto de las situaciones procesales de los agentes penitenciarios Juan Pablo Martínez, Víctor Guillermo Meza, Roberto Fernando Cóceres, Javier Enrique Andrada, Juan José Mancel, Juan Fernando Morinigo y Ede Martín Vallejos.
20 de enero, 2014.
Durante el período 2013, si bien se ha registrado un descenso en la cantidad total de muertes, se ha vuelto a evidenciar un incremento en los fallecimientos violentos. Los 27 casos registrados en el año se reconocen como la mayor cifra en los últimos doce años.
14 de enero, 2014.
La Procuración Penitenciaria de la Nación solicitó a la Secretaría de Comercio de la Nación la extensión del acuerdo “Precios Cuidados” a los comercios que abastecen a la población detenida y a sus familias.
31 de Diciembre, 2013.
En un documento de posición presentado en diciembre de 2013, la Procuración Penitenciaria de la Nación analiza el alcance del derecho a la seguridad social de las personas privadas de libertad y considera que la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos exigen que las limitaciones a la percepción de jubilaciones y pensiones regulada por el artículo 19.4 del Código Penal sean interpretadas y aplicadas del modo más restrictivo posible.
30 de Diciembre, 2013.
La Procuración en conjunto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentaron en el día de la fecha un informe ante el órgano de control del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas sobre políticas públicas referidas a las condiciones materiales de detención, prisión preventiva, tortura y muertes violentas, el Mecanismo Nacional de Prevención y la situación de las mujeres privadas de libertad.
26 de Diciembre, 2013.
La Procuración Penitenciaria de la Nación recomendó al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación evaluar la posibilidad de crear un programa destinado a la documentación de las personas en contexto de encierro, a fin de abordar las situaciones registrales que hoy no reciben adecuada atención y que, en los hechos, postergan el acceso a derechos de las personas detenidas sin documento.