31 de Diciembre, 2013.
En un documento de posición presentado en diciembre de 2013, la Procuración Penitenciaria de la Nación analiza el alcance del derecho a la seguridad social de las personas privadas de libertad y considera que la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos exigen que las limitaciones a la percepción de jubilaciones y pensiones regulada por el artículo 19.4 del Código Penal sean interpretadas y aplicadas del modo más restrictivo posible.
06 de Octubre, 2014.
La Procuración Penitenciaria cuestionó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la exclusión automática del padrón de las personas condenadas. Los artículos 12 y 19.2 del Código Penal (CP) y 3.e del Código Electoral Nacional (CEN) impiden sufragar a las personas condenadas.
30 de Diciembre, 2013.
La Procuración en conjunto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentaron en el día de la fecha un informe ante el órgano de control del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas sobre políticas públicas referidas a las condiciones materiales de detención, prisión preventiva, tortura y muertes violentas, el Mecanismo Nacional de Prevención y la situación de las mujeres privadas de libertad.
1 de Octubre, 2014.
El Registro Nacional de Casos de Tortura en el informe correspondiente al año 2013 incluye un capítulo sobre Torturas y Malos Tratos ejercidos por Policías y otras fuerzas de seguridad en territorio.
26 de Septiembre, 2014.
El día 28 de agosto de 2014 la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones aprobó el “Mecanismo Provincial de la Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o degradantes”
26 de Diciembre, 2013.
La Procuración Penitenciaria de la Nación recomendó al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación evaluar la posibilidad de crear un programa destinado a la documentación de las personas en contexto de encierro, a fin de abordar las situaciones registrales que hoy no reciben adecuada atención y que, en los hechos, postergan el acceso a derechos de las personas detenidas sin documento.