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01 de Mayo, 2021.

En esta fecha la Procuración Penitenciaria de la Nación resalta enfáticamente el respeto por el derecho a poder trabajar en contextos de encierro. Este organismo destaca la importancia de que las personas privadas de libertad accedan a un oficio remunerado y que dicha actividad se lleve a cabo en cumplimiento de la legislación laboral y de seguridad social.

30 de Abril, 2021.

El encuentro, realizado virtualmente, fue dispuesto por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia para analizar la situación del traslado de personas privadas de la libertad y el estado de la atención médica en la Unidad N°6 de Rawson.

29 de Abril, 2021.

El próximo viernes 30 de abril a las 14 hs se llevará adelante el lanzamiento virtual de una nueva etapa de la Ley Micaela. Esta ley, nombrada así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, víctima de femicidio, fue promulgada el 10 de enero de 2019 estableciendo en sus bases la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

28 de Abril, 2021.

Desde este organismo celebramos con gran alegría el nombramiento de Andrea Casamento para integrar el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de Naciones Unidas. Consideramos que es un merecido reconocimiento a la sostenida trayectoria en pos de garantizar y ampliar los derechos de las personas que son afectadas por la cárcel.

27 de Abril, 2021.

La infografía sobre medidas de fuerza en cárceles federales sistematiza la información relevada por la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre los reclamos llevados adelante por presos y presas alojados en las prisiones federales durante el año 2020. Durante ese período el organismo registró 214 medidas de fuerza, de las cuales 152 fueron individuales y 62 colectivas.

22 de Abril, 2021.

Al rechazar un recurso presentado por el Servicio Penitenciario Federal, la CSJN confirmó una sentencia que obliga a la administración penitenciaria a abonar a los detenidos las horas no trabajadas por causas justificadas.