10 de octubre, 2017.

En julio de 2015 la Procuración Penitenciaria emitió a través su página web el primer programa de radio “Voces en libertad” con el objetivo de acercar la cárcel a la sociedad y generar empatía con la misma. El ciclo ya cuenta con ciento veinte emisiones en más de dos años, es producido por la Dirección de Relaciones Institucionales y es conducido por Enrique Vázquez.

La Procuración Penitenciaria sigue creyendo que la radiocomunicación es uno de los medios masivos más accesible, amigable y democrático para poder dar a conocer sus mensajes a toda la comunidad. En este sentido, además de publicarse semanalmente por la web institucional, ya son varias las emisoras que retrasmiten "Voces en Libertad" a lo largo y a lo ancho del país. 

Del programa han participado diversas personalidades tales como: Luis Brandoni (actor), Juan Méndez (Relator Especial contra la Tortura, ONU), Juan José Campanella (cineasta), Natalia Oreiro (Actriz), Tati Almeida (Madres Plaza de Mayo), Padre Pepe, Adriana Lestido (fotógrafa internacional), entre  otros.

Para escuchar los programas de “Voces en Libertad” puede ingresar a su apartado especial desde aquí.

06 de Octubre, 2017.

Con el objetivo de abordar la problemática de la tortura ejercida en centros de detención y prevenir este tipo de prácticas, se realizó la Jornada Internacional “Experiencias y Mejores Prácticas en la Prevención de la Tortura en el Cono Sur” durante los días 4 y 5 de octubre de 2017.

El evento contó con la  presencia del Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, quien dio las palabras de bienvenida. A continuación la Directora de Cooperación y Asuntos Internacionales de la Procuración, Mariana Sheehan, invitó a los distintos expositores a trabajar activamente en la identificación de las dificultades de cada país a través de distintas consignas sobre la tortura.  Por su parte, el Director General de Protección de Derechos Humanos, Dr. Ariel Cejas Meliare, celebró la participación de todos los presentes y su compromiso en la temática que los convocó.

En el evento se propuso encontrar puntos en común entre los distintos  aportes que los actores involucrados en la protección y promoción de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad pudieron hacer en materia de prevención desde las distintas ópticas regionales a las que representaban.

La jornada se enfocó en el intercambio de información y herramientas de trabajo específicas, en el desarrollo de actividades conjuntas en las cuales se discutieron propuestas para superar los desafíos que cada país encuentra en el ejercicio de la función, en la coordinación con otros sistemas de derechos humanos y en la elaboración de estrategias conjuntas para el seguimiento de las recomendaciones.

Del encuentro participaron: de Panamá la Oficial de Proyectos de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), Sara Emilia Vera López; de Uruguay el Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit Viera, y  el miembro de Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Álvaro Colistro Matonte; de Chile el Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH),  Branislav Ljubomir Marelic Rokov, y la   Coordinadora RRII de INDH,  Daniela Ortega Allan; de Brasil el Perito del Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, Rafael Barreto Souza, y   del Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate á Tortura do Rio Janeiro, Renata Veronica Cortes de Lira; de Paraguay el Comisionado – Perito del Mecanismo Nacional de Prevención, Roque Arnaldo Orrego Orué, y el Comisionado Mecanismo Nacional de Prevención, Carlos Portillo Esquivel; de Perú el Defensor del Pueblo Adjunto para los DDHH y Personas con discapacidad, Percy Castillo Torres, y el Jefe de Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios del Defensor del Pueblo, Carlos Eduardo Fernández. 

Por parte de la Procuración Penitenciaria de la Nación participaron de diferentes debates Carlos Acosta, Director Legal y Contencioso Penal; Marta Monclus Mansó, Directora del Observatorio de Cárceles; Alcira Daroqui, Directora del Departamento de Investigaciones; Andrea Triolo, Subdirectora de Protección de Derechos Humanos; Jennifer Wolf, Jefa del Área de Extranjeros en Prisión y Argentinos Privados de la Libertad en el Exterior; Paula Ossietinsky, Jefa del Área de Investigación y Documentación Eficaces de Casos de Tortura y/o Malos. Tratos; y Mariana Lauro, Coordinadora de Grupos Sobrevulnerados.

2 de octubre, 2017.

El Procurador Penitenciario, Francisco Mugnolo, participó del seminario “La Gestión Integral de los Sistemas Penitenciarios a la luz de las Reglas Mandela”.  El mismo se realizó el pasado jueves en la sede del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de la localidad de Mercedes.    

Con el objetivo de difundir los estándares que impulsan las Reglas Mandela y promover su aplicación, se realizó la mencionada jornada que contó con el auspicio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

La apertura estuvo a cargo de Carlos Acuña, Presidente del Colegio de Magistratura y Funcionarios del Departamento Judicial de Mercedes, y Emiliano Blanco, Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal.

El Procurador participó junto al Defensor Oficial, Guillermo Todarello, del primer panel “La revisión de la Reglas Mandela y el intercambio de buenas prácticas como base para el consenso”. Francisco Mugnolo allí reflexionó sobre la importancia de la aplicación de las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, actualizadas en 2015.

Entre algunos de los principios fundamentales de las Reglas Mandela se puede mencionar que las mismas se aplicarán de forma imparcial y sin discriminación; que el sistema penitenciario no deberá agravar los sufrimientos que implican la privación de la libertad y el despojo del derecho a la autodeterminación de las personas detenidas; que todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y su valor intrínseco en cuanto seres humanos; que nadie será sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes; que se tendrán en cuenta las necesidades individuales de los reclusos, en particular de las categorías más vulnerables en el contexto penitenciario; que se deberán reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad.

Participaron del evento también distintas personalidades, entre ellas podemos mencionar a Javier Palummo, Director de  Investigación y Gestión de la Información del Instituto de Políticas Públicas en DDHH en el Mercosur;  Matías Garrido, Director Nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional, o Jimena Monsalve, Jueza de Ejecución Penal.

Las palabras finales estuvieron a cargo de Silvia Oyhamburu, Presidente Asociación Argentina de Justicia Terapéutica (AAJT) y  Carlos Mahiques, Juez miembro de la Cámara Federal de Casación Penal.             

28 de septiembre, 2017.

En el marco de las actividades del centro de prácticas pre profesionales de la carrera de Trabajo Social de la UBA que se desarrollan en esta Procuración, se concurrió el pasado viernes 22 de septiembre al tercer bloque de las XII Jornadas de Sociología - I Jornadas de Sociología en contexto de encierro en el Centro Universitario de Ezeiza. La misma tuvo como objetivo que las estudiantes tengan una primera aproximación a los establecimientos penitenciarios y al desarrollo de la educación en contexto de encierro.

Antes del comienzo de las jornadas, los estudiantes del Centro Universitario de Ezeiza/ Varones – CUE-, propusieron conocer los distintos espacios del centro y comentaron las actividades que allí desarrollan,  pudiendo intercambiar los/as estudiantes sus experiencias en la cursada de la carrera de Trabajo Social, haciendo hincapié en la importancia de las prácticas pre profesionales en la formación. Luego de ello, tuvieron la oportunidad de compartir las Jornadas: “La mirada sociológica repensada a través de las condiciones de encierro. Desafíos a las nociones de ‘dentro’ y ‘fuera’; ‘sujeto’ y ‘objeto’”, organizadas por el CUE y el programa UBA XXII.

El evento fue coordinado por Carina Balladares, docente de Sociología General de UBA XXII y Sociología Sistemática en Centro Universitario San Martín-CUSAM-. Se realizó la apertura del panel para dar lugar a la presentación de los trabajos, llevada a cabo por Marcelo Langieri, coordinador de UBA XXII de la carrera  de  Sociología.

En el transcurso de las jornadas se expusieron tres trabajos presentados por estudiantes de Sociología y Trabajo Social relacionados a las carreras afines. El primero llamado: “Un largo camino a la educación universitaria. El Centro Universitario de Ezeiza/ Varones” presentado por Marcelino  estudiante de Sociología y Trabajo Social del CUE; luego “El acceso a la educación, deserción, permanencia y transformaciones en los hábitos del estudiante del Programa UBA XXII del Centro Universitario de Varones en la cárcel de Ezeiza” expuesto por Eduardo estudiante de Sociología y Trabajo Social del CUE. Por último “Encuesta sobre condiciones de vida y características generales de la población de la Unidad 48 de José León Suarez, San Martín, Complejo Penitenciario Conurbano Norte” presentado por Antonio Sánchez y Mónica del grupo de investigación del CUSAM.

Luego de cada presentación se abrió al debate de lo expuesto, acompañado por cuatro comentaristas: Luciana Strauss (coordinadora académica de CUSaM), Natalia Lofiego (coordinadora del Programa UBA XXII de Trabajo Social), Mariana Mendoza (docente de Metodología UBA XXII) y Carolina Montera (docente de Metodología UBA XXII).

Al finalizar las ponencias se dio lugar a un plenario donde se discutió la reforma de la Ley 24.660 y las consecuencias en la educación en contextos de encierro. A modo de cierre los integrantes del taller de música del CUE realizaron una presentación musical dando por terminada las jornadas. 

27 de septiembre, 2017.

El pasado 13 de septiembre del corriente año, el Procurador Penitenciario resolvió recomendar al Director de la Unidad 6 que implemente las medidas necesarias para garantizar la debida atención médica en favor de los internos alojados allí.  Para ello y, en caso de corresponder, se solicitó que se adecúe la planta de personal con que cuenta el Servicio de Asistencia Médica al número de internos alojados o, de no ser posible, se adecúe la cantidad de internos a la cantidad de personal médico en funciones.

El Dr. Francisco Mugnolo solicitó también, en el mismo documento, que se considere la asignación de un cargo de planta para un profesional especialista en odontología, se disponga la asignación de personal que presta en la División Seguridad Interna para el traslado de internos al área médica de la Unidad y se concreten los planes de ampliación y reformas del referido sector.  Asimismo, exhortó al titular de la Unidad para que en el plazo de treinta días informe a la Procuración Penitenciaria (PPN), los cambios acaecidos en la materia y remita copia de lo actuado.

Esta intervención se realizó debido a las falencias en la atención médica de las personas privadas de su libertad alojadas allí, las cuales fueron advertidas y registradas por la Delegación Sur.

Como un dato estadístico preocupante, se resalta que un 25% de las gestiones que se realizan ante las autoridades penitenciarias, son para solicitar atención médica.  Otra cifra no menor son las llamadas telefónicas recibidas por PPN de parte de internos por cuestiones médicas, las cuales al 30 de junio fueron 325.  Un tercio de estas de estas tuvieron que ser reiteradas por los detenidos dado que no fueron resueltas por el Servicio Penitenciario Federal.

El estado nacional tiene la obligación de prestar un adecuado servicio de atención médica en favor de los derechos de las personas detenidas.

A principio de Septiembre del corriente año, la población de la unidad 6 fluctuaba en torno a los 475 internos en tanto la cantidad de profesionales de la salud era de 7 médicos, lo cual resulta insuficiente para contener la demanda.

Tanto la Constitución Nacional, como la ley 24.660 de ejecución penal, numerosos documentos internacionales, las Reglas Mandela(Principio 24 y regla 25), entre otros, se refieren al derecho que tiene toda persona privada de su libertad sobre la asistencia a la salud.

En el punto número 2 de la Recomendación N°867/PPN/17el Procurador Peniteniario de la Nación resuelve poner en conocimiento del Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos; Del Señor Secretario de Justicia y Asuntos Penitenciarios; del Sr. Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal y del Sr. Director del Instituto de Seguridad y Resocialización (Unidad 6).

22 de Septiembre, 2017.

Con el objetivo general de abordar la problemática de las mujeres privadas de su libertad en el ámbito federal, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Procuración Penitenciaria de la Nación convocaron a organismos que trabajan en la materia para iniciar una agenda de trabajo articulada. Participaron también la Defensoría General de la Nación, el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

En la mesa se validó una primera propuesta de trabajo conjunto para elaborar estrategias de intervención vinculadas a las problemáticas de las mujeres privadas de su libertad en el ámbito federal;  fortalecer la coordinación y articulación inter-institucional para dar respuestas a las problemáticas de las mujeres privadas de su libertad en el ámbito federal; y elaborar un mapeo de los organismos públicos y organizaciones sociales que tienen competencia en la temática.

En este sentido, teniendo en cuenta ejes temáticos vinculados al trabajo, la salud sexual y reproductiva, los arrestos domiciliarios, capacitaciones sobre perspectiva de género y diversidad, se involucrarán nuevos espacios que trabajen particularmente esos temas para ampliar el espectro de acción e interdisciplinariedad. Se acordó trabajar sobre esta agenda teniendo presentes las problemáticas específicas de los diferentes colectivos de las personas trans, travestis y lesbianas.

Finalmente, además de acordar acciones concretas de cara a un próximo encuentro, se definió sostener la Mesa Permanente de trabajo con encuentros mensuales para avanzar en la ejecución de políticas.

Esta acción se enmarca en los objetivos y acciones de  Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (2017-2019) en la Medida 21 de “Articulación interinstitucional para la detección, atención y sanción de situaciones de violencia institucional contra colectivos sobrevulnerados: mujeres en situación de encierro, mujeres de pueblos originarios,  mujeres del colectivo LBTIQ, mujeres con discapacidad, mujeres con VIH, mujeres rurales”.